Stop Desahucios de Gipuzkoa se concentrará este próximo jueves ante la sede del Gobierno Vasco en Donostia para impedir la orden desalojo de una persona "gran discapacitada" del alojamiento dotacional adaptado de Intxaurrondo (ADA), al "haberle denegado el derecho subjetivo de acceso a una vivienda de alquiler social y a la que se le había designado un alojamiento destinado a personas con alto grado de discapacidad".
La plataforma ha advertido de que estas órdenes de desalojo las van a recibir "otras familias vulnerables que viven en los ADAS de Hernani y Eibar", una vez que finalicen los seis meses de prórroga y que, como esta vecina de Donostia, "a pesar de estar en una situación de vulnerabilidad, superan por escaso margen los topes económicos para obtener el Derecho Subjetivo fijados en la Ley de Vivienda en junio de 2015, que están obsoletos y desfasados".
Para Stop Desahucios, "es de imperiosa necesidad que se revisen y actualicen dichos topes de 9.000, 12.000 y 15.000 euros brutos anuales de ingreso para unidades familiares de uno, dos o más miembros para que estas familias vulnerables".
"Sus contratos improrrogables de 5 años han finalizado y el consejero de Vivienda en el escrito de fecha 23 de noviembre les dice que tienen desalojar estos ADAS, sin ofrecer alternativa habitacional, para que los ocupen familias que tengan reconocido dicho derecho subjetivo y que son más pobres y un poco más vulnerables", ha afirmado.
En esa línea, ha resaltado que ninguna de esas familias puede pagar los "desorbitados alquileres del mercado privado y no pueden acceder a una vivienda de alquiler social, cuya dotación es totalmente insuficiente, como se demuestra en la competencia entre familias pobres y necesitadas para ocupar un alojamiento dotacional durante 5 años".
Stop Desahucios registrará un nuevo escrito dirigido al consejero Iñaki Arriola exigiendo "la revisión de estos topes para que alcancen al SMI, fijado en 14.000 euros anuales, o a las pensiones mínimas de este año que superan ampliamente estos topes".
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