El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, ha afirmado este miércoles que el Gobierno vasco decide sobre la adopción de restricciones para intentar frenar la pandemia de covid "según sus competencias y con criterios que cree razonables desde el punto de vista sanitario", mientras que al TSJPV le corresponde "ponderar si esas medidas precisan de un nivel de sacrificio de los derechos fundamentales".
Subijana se ha referido así, en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un acto, al auto del TSJPV difundido ayer por el que no se autoriza al Gobierno vasco a prolongar la obligatoriedad de presentar el certificado covid para entrar en bares y restaurantes de menos de 50 comensales, ni en residencias, ni gimnasios, ni extender su uso a hoteles y alojamientos turísticos.
Únicamente sigue siendo obligatorio en restaurantes de más de 50 plazas y discotecas y pubs a partir de las 22:00 horas, mientras la incidencia acumulada de la pandemia sea superior a 150 casos por 100.000 habitantes.
Preguntando hoy por la diferencia de criterios entre el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y el TSJPV ha recordado que la normativa en relación a la covid "ha sido cambiante" según la evolución de la pandemia y, desde esa perspectiva, "cada órgano ejerce su función en el ámbito de sus competencias: el Gobierno desde criterios que cree razonables desde el punto de vista sanitario y los tribunales desde el punto de vista de restricción de los derechos fundamentales".
POLEMICA POR UNA SENTENCIA SOBRE EL EUSKERA
También ha sido preguntado por la decisión de una jueza de Gasteiz de ordenar al Ayuntamiento de Laudio readmitir a una trabajadora interina que no logró alcanzar el nivel de euskera exigido para su puesto con el argumento de que la lengua vasca es el quinto idioma más difícil del mundo.
La máxima autoridad judicial vasca ha rechazado analizar argumentos de resoluciones pendientes de posibles recursos y ha abogado por analizar la relación de la Administración de la Justicia con el uso del euskera "desde una perspectiva global, y no por decisiones individuales".
"El análisis tiene que ser sobre el cumplimiento de los objetivos recogidos en el plan de evolución lingüística tanto desde el punto de vista de la propia organización judicial como de la demanda de la propia ciudadanía de una tutela jurídica en las dos lenguas oficiales. Si no se alcanzan esos objetivos, en ese caso, habría que implementar medidas", ha dicho