Anunciada a bombo y platillo, la propuesta de Sumar que puede servir de hoja de ruta para alumbrar una ley de amnistía -un dictamen elaborado por una veintena de expertos juristas- fue presentada ayer martes en Barcelona con menor expectación de la esperada. Aunque incorpora algunas cuestiones novedosas, la cita no tuvo el brillo esperado. Y no solo porque no tomara la palabra la líder de la plataforma y vicepresidente en funciones del Gobierno, Yolanda Díaz -sí que estuvo presente en el acto-, sino porque, de partida, la propuesta nació algo descafeinada: los actores principales en la mesa de negociación -PSOE, ERC y Junts per Catalunya- desdeñaron de inicio la iniciativa. Sumar, por su parte, la rebajó a la categoría de “un informe elaborado por expertos”, no un texto surgido de la formación. En todo caso, y entrando en la letra pequeña, el plan abarcaría a los dirigentes del procés, a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) o a los encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas en el otoño de 2019. El propósito final del documento, según señalaron sus impulsores, es “zanjar el conflicto político entre Catalunya y España”.
El contexto temporal al que hace referencia el dictamen de los expertos partiría desde el 1 de enero de 2013, por ser considerada el “inicio del proceso reivindicativo del derecho a decidir en Catalunya”, al el 17 de agosto de 2023, fecha en la que echaron a rodar las Cortes Generales -Congreso y Senado- que pueden decidir “la aprobación de una medida tan excepcional” como es la amnistía. En esa horquilla se incluyen “acciones y omisiones ejecutadas por ciudadanos reivindicativas de la autodeterminación” de Catalunya, unos hechos que incluirían una larga lista de delitos, como son las infracciones contra la administración pública, contra la administración de Justicia, contra la Constitución o contra el orden público en el Código Penal.
Lo que sí quedaría fuera del ámbito de aplicación de la propuesta ideada por la formación encabezada por Yolanda Díaz serían “ las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales”. Y es que incluso ofrece datos sobre los hechos acaecidos en torno al referéndum celebrado en 2017, entra los días 1 y 4 de octubre de aquel año, donde hubo “unas 1.000 víctimas de diversa gravedad”. Destacan además “lo ocurrido en 27 escuelas, donde la actuación policial dio lugar a 47 procedimientos penales, uno de los cuales por lesiones graves (pérdida de un ojo)”, y que mantienen “imputados a 5 policías”.
El dictamen elaborado por juristas a petición de Sumar también propone incluir en la amnistía otra larga lista de delitos, como es el caso de las infracciones tipificadas como “lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas, así como la infracción de diversos artículos de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana o de la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana”.
Líderes del procés
En un plano más político, cabe resaltar que los líderes del procés serían amnistiados -verdadera clave de bóveda de las negociaciones entre los partidos soberanistas y PSOE que pueden llevar a Sánchez a la Moncloa-, tanto a los que ya están condenados como los que permanecen procesados en rebeldía y huidos de la Justicia. Aunque no se dan nombres, lo cierto es que la medida incluiría al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa -indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación-. Afectaría, del mismo modo, a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquín Forn, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión. Por último, también obtendrían beneficio el expresident y líder de Junts per Catalunya Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, sobre los que pesa una orden de detención por delitos de desobediencia y malversación.
Investidura
Budó (JxC) ruega por un mediador
“Indispensable”. La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y alcaldesa de La Garriga (Barcelona) por Junts per Catalunya, Meritxell Budó, reivindicó ayer la figura del mediador como “indispensable para dar cualquier tipo de apoyo” en la investidura a la Presidencia del Gobierno central. “Ninguno de los dos partidos principales del Estado español, ni PP ni PSOE” dan garantías a su formación en las negociaciones, por lo que ven necesario un mecanismo de mediación.
“Queremos pruebas”. “Queremos pruebas, queremos garantías para poder avanzar en estas negociaciones y, en ese caso, votar la investidura”, recalcó Budó, quien cuestionada por una eventual ley de amnistía, condición de los partidos independentistas para investir a Sánchez (PSOE), sostuvo que esta es un “primer paso” para la negociación política, pero también para la resolución del conflicto.