Sin tener atada la aquiescencia de los socios parlamentarios del Gobierno, la misma que no se logró en la anterior legislatura y dio al traste con el texto acordado entre el PSOE y Unidas Podemos; Yolanda Díaz ha lanzado una reforma de la ley mordaza que minutos después ha sido corregida tanto por Moncloa como por su partido, Sumar, dado que se ciñe principalmente a la supresión del delito de injurias y calumnias a la Corona, y de la ofensa contra los sentimientos religiosos, es decir con la parte de la norma referida a la libertad de expresión, así como a suprimir la posibilidad de imponer multas de hasta 30.000 euros a periodistas que tomen fotografías a agentes de policía mientras realizan su trabajo en manifestaciones. Medidas que se incluirán en el plan de regeneración democrática que presentará este miércoles Pedro Sánchez, entre ellas las de privar de dinero público a los medios que vulneren la “deontología del periodismo”.
El encargado de concretar el anuncio ha sido el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, quien ha explicado que el único acuerdo alcanzado de momento con los socialistas es la reforma de los puntos “que afectan al desempeño de la libertad de información por parte de los periodistas”. Eso, según apunta Santiago, se traduce en “acabar con cualquier sanción en el desarrollo de su actividad profesional cuando cubren algún tipo de operación policial”, aunque solo se harán cambios en un artículo: el 36, aprobado en 2015 con la mayoría absoluta del PP. En la práctica, con la aplicación de este apartado se ha sancionado a fotógrafos por tomar imágenes de detenciones u operativos policiales. Y es que, en realidad, todo lo que afecta a los delitos vinculados a las injurias al rey obedece más a una reforma del Código Penal que Podemos lleva años demandando que a la propia ley mordaza.
“Estos delitos van a ser derogados aunque el hecho de que se deroguen no significa que vaya a haber una desprotección ante cualquier actuación que pueda suponer una injuria o una calumnia, puesto que sigue existiendo en el Código Penal el delito de injuria o calumnia y es aplicable a todas las personas, formen parte o no de altas instituciones del Estado”, ha aclarado Santiago. La reforma busca “mayor protección al ejercicio de la libertad de expresión para que, de forma espuria, no se pueda utilizar el Código Penal para limitar la actividad de los trabajadores de la cultura o los servicios de información”.
Ley de Secretos Oficiales
Igualmente, el acuerdo entre PSOE y Sumar contempla reactivar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y modificar también la legislación relativa al derecho al honor en caso de instrucciones judiciales “interminables” y que no llegan a juicio oral, pero que generan titulares que desprestigian al afectado, según explica Santiago. El portavoz ha argumentado que se debe actuar ante investigaciones indeterminadas que no acaban en juicio y de las que no existe “ningún tipo de prueba”, que al final tienen un “claro efecto político” para “desprestigiar” a líderes “políticos, sociales y sindicales”. Aunque no está definido, Sumar aboga por que los medios publiquen los archivos de las causas en el mismo nivel de importancia del que informaron durante la investigación. El portavoz adjunto de Sumar ha recordado que cualquier modificación de la ley mordaza deberá contar con el respaldo de los socios, optando por dejar fuera los escollos con ERC y Bildu, es decir, las discrepancias sobre la prohibición de pelotas de goma y las devoluciones en caliente que llevaron a los soberanistas a rechazar dicha reforma. Su idea es remitir estos aspectos a las enmiendas que se puedan plantear con idea de tejer consensos, cuando la norma arranque su tramitación en el Congreso.
Reproche desde el PNV
El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido: “Si no han hablado con ellos, podemos estar en el día de la marmota. Este Gobierno no termina de entender que tiene que hablar con sus apoyos antes de anunciar las cosas”. El PNV ha criticado el “procedimiento” empleado de nuevo por el Ejecutivo. “Otra vez mal, el Gobierno tenía que hablar con nosotros”, ha indicado Ortuzar, recordando que en la legislatura pasada, cuando se intentó cambiar esta ley, su partido presentó 44 enmiendas “para suprimir los problemas” que tenía la norma. “Aquello no salió porque ERC y Bildu se empeñaron en meter nuevos contenidos”, ha precisado.