El Gobierno de Navarra quiere zanjar el debate sobre la posible incompatibilidad de cargos del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.
El vicepresidente primero, Félix Taberna, explicó ayer que el consejero acudió el martes a un notario para “renunciar a la administración” de su empresa, paso que le garantiza, según el vicepresidente, no incumplir la ley de compatibilidades navarra.
Es la respuesta que ha dado el Ejecutivo después de que UPN denunció la semana pasada que el consejero seguía figurando en el Registro Mercantil, a 5 de septiembre, como administrador único de una empresa, algo que esta expresamente prohibido por ley. Ley que, por otra parte, obliga también a los altos cargos a inhibirse de la toma de decisiones sobre trabajos mezclados con sus intereses profesionales previos.
El Gobierno dice que el consejero no ha actuado ni con “alevosía” ni con “presunción de ocultamiento”. Y se ha agarrado a una lectura particular de la ley por la que el consejero tendría dos meses –ya sería uno, como precisó Taberna– para deshacerse de sus anteriores cargos en la empresa privada. Pero es una forma de verlo que no convence a todos los juristas, razón por la que al final se ha optado por ir ante un notario.
Es un episodio del que se han dado pocas explicaciones. La denuncia de los regionalistas estuvo sucedida por dos días de silencio. Solo después un portavoz del Ejecutivo aseguró que el consejero ya había hecho los trámites para deshacerse de su parte en la empresa antes de la toma de posesión –que fue el 18 de agosto–.
Por eso chirría que ahora la decisión haya sido firmar ante notario una renuncia. Primero, porque no sería necesaria en caso de que efectivamente ya se hubiesen hecho los trámites antes de la toma de posesión. Y segundo porque tampoco harían falta tantas prisas si todavía queda un mes para regularizar la situación. Se seguirá hablando del episodio, ya que UPN ha formulado al menos una pregunta parlamentaria.