Tapia abre la puerta a incluir sanciones en la ley de cambio climático si hay consenso

El cambio climático emite cada día más señales de su peligro. De las sequías en el sur de Europa, a los incendios masivos en Canadá y las repentinas lluvias torrenciales en el sudeste asiático. Ningún territorio está a salvo de sus efectos y el Gobierno Vasco ya trabaja en un proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Un texto que la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, presentó ayer en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento Vasco con el objetivo de establecer “por voluntad propia” un marco jurídico con el fin de alcanzar la neutralidad climática en Euskadi en el año 2050. Un propósito para el que la intención principal es “incentivar fiscalmente” las actuaciones que favorezcan la adaptación al cambio climático o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La necesidad de incluir sanciones fue uno de los puntos de debate de la Comisión, en el que Tapia se mostró abierta a insertar en el proyecto de ley un régimen sancionador.

“Los mecanismos sancionadores están en todas las leyes asociadas a medio ambiente”, recordó la consejera aludiendo al caso del texto legal relativo a la sostenibilidad. No obstante, durante su turno de réplica a los representantes de los grupos parlamentarios, explicó que, en el caso de que los castigos recogidos en otras leyes no sean suficientes y haya “que poner algo más allá, lo valoramos y lo ponemos sin ningún problema”. “Entendíamos que existiendo las sanciones previas o los mecanismos anteriores y con un poco de incentivación podía ser suficiente”, proclamó la consejera, pero si no es así, “estamos abiertos a valorar [las sanciones] sin ningún problema”, insistió la consejera. Asimismo, destacó que la ley no contempla un régimen sancionador, ya que considera que “para eso están ya otras normas, como las leyes de administración ambiental o de conservación de Patrimonio Natural de Euskadi, entre otras”, pero recoge “el uso de la fiscalidad, incentivando fiscalmente las actuaciones que favorezcan la adaptación al cambio climático o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.

MOTIVAR, NO AMENAZAR

Tapia, sin embargo, subrayó que el espíritu de la ley es “motivar más que amenazar”, contemplando bonificaciones y extendiendo la cultura de la responsabilidad por el trabajo en el Medio Ambiente a todos los agentes, porque la política de cambio climático del Gobierno Vasco “debe tomar como base que la responsabilidad es compartida por toda la sociedad vasca”.

Además, la consejera manifestó su disposición a incluir “objetivos claros” en la ley, de forma que se delimiten con exactitud los distintos supuestos y, por otra parte, establecer “mecanismos de ajuste y adaptación en esos objetivos para que no se queden obsoletos a la primera de cambio”. Respecto a la fiscalidad verde, Tapia recordó que el proyecto de ley recoge que sea el Órgano de Coordinación Tributaria el que analice todos estos aspectos y abogó por dejar “abiertos a analizar cuáles pueden ser esos instrumentos fiscales, de manera que aquello que quizá no sea competencia específicamente foral, se pueda recoger en la ley”.

En el turno de los grupos, la parlamentaria del PNV María Eugenia Arrizabalaga defendió que el texto presentado por el Gobierno es “un buen proyecto de ley, con amplitud de miras y marca bien el camino a recorrer” y señaló que su grupo intentará trabajar “con los grupos que así lo deseen, para enriquecer la ley, mejorarla” y se van a “esforzar por lograr consensos”.

Mientras, el parlamentario de PSE Alberto Alonso defendió que la ley “debe marcar claramente los objetivos y cuantificarlos” y señaló que “no puede quedarse en una declaración de intenciones”, ya que tiene que “mandar un mensaje a la ciudadanía”.

GRUPOS

Por su parte, el representante de Bildu, Mikel Otero, indicó que la norma llega “con retraso” y se mostró muy crítico con la “falta de concreción” del texto, que no incluye “ningún objetivo concreto” porque se remite, a su juicio, a las estrategias a elaborar tras la aprobación.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto, criticó que “previsiblemente” después de que se apruebe la ley, “no se va a disponer de los instrumentos de planificación hasta el año 2025”. Muriel Larrea, del PP, avisó de que “acortar los plazos” hacia la descarbonización “puede penalizar” a los más desfavorecidas, mientras que Amaia Martínez, de Vox, se mostró contraria a la imposición de sanciones.