El pasado lunes se cumplieron tres años desde el derrumbe del vertedero de Zaldibar donde perdieron la vida Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze produciendo, asimismo, un grave impacto ambiental. Además de las heridas infligidas por este fatal accidente, siguen abiertos los procesos concursal, penal y administrativos contra Verter Recycling 2022 S.L., que sigue sin proceder al sellado del vertedero.
Tres años después de la tragedia, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, instó ayer a la titular y administradora de la empresa –que se haya en pleno proceso de liquidación– el sellado definitivo del emplazamiento y a adoptar las medidas de seguridad necesarias en la fase de postclausura.
Tapia recordó que la administradora concursal de la empresa está “obligada” a sellar el vertedero y no puede eludir esa responsabilidad, tal y como se establece en la autorización ambiental integrada que se concedió a Verter Reclycling en febrero de 2022 con la que se dio por finiquitada su actividad.
En estos momentos, dijo Tapia, los titulares de Verter no estarían haciendo el sellado al nivel que deberían realizarlo. “Se hace un mantenimiento en unas condiciones mínimas que permite asegurar que el vertedero está estable y que no se está produciendo daños ambientales, pero no se está procediendo al sellado definitivo”, censuró Tapia.
INSPECCIONES RUTINARIAS
Aun así, el Gobierno vasco extrema la vigilancia para evitar que se puedan producir más afecciones medioambientales en la zona. Además de reforzar en tres inspectores la plantilla, el Servicio de Inspección del Gobierno vasco realiza visitas rutinarias al emplazamiento para ver cómo evoluciona el vertedero y levantan actas que recogen los inclumplimientos de Verter que se comunican puntualmente a la Fiscalía.
Pese a la dilación en el sellado definitivo, Tapia aseguró que “no se está produciendo ningún tipo de daño adicional” en el medio ambiente. Y ello es gracias, en parte, a la operación de estabilización y retirada de residuos que llevó a cabo Lakua de forma subsidiaria tras el accidente y que costó 28 millones de euros a las arcas públicas.
FECHAS CLAVE
6 de febrero. El derrumbe del vertedero de Zaldibar se produjo el 6 de febrero de 2020 y dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze quedaron sepultados. Seis meses después fueron encontrados los restos del cuerpo de Sololuze. El operativo de búsqueda de su compañero continuó sin éxito hasta mayo de 2021 cuando finalmente fue suspendido.
Septiembre 2021. El procedimiento judicial por el fallecimiento de los dos trabajadores se cerró en septiembre de 2021 con un acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, los tres responsables de Verter Recycling, que asumieron su responsabilidad en esas muertes aceptando una pena de seis meses de prisión e indemnizaron con 2,75 millones de euros a las familias, eludiendo así entrar en la cárcel. Un juzgado de Durango mantiene abierto un procedimiento por presuntos delitos medioambientales.
Como principal acreedor de Verter, la consejera de Medio Ambiente aseguró que el Gobierno vasco irá hasta el final para recuperar ese dinero público. Pero no será una tarea fácil ni inmediata ya que la administradora concursal no ha abonado la deuda tras agotar el plazo de pago voluntario de la operación limpieza de los residuos deslizados del vaso de vertido y estabilización del lugar llevada a cabo por Lakua durante la búsqueda de los dos operarios.
En este sentido, Tapia informó de que su Departamento ha solicitado ya al Departamento de Economía y Hacienda que “adopte las medidas oportunas vinculadas a la ejecución en vía de apremio” y que, además analice y ejecute, si es posible, la potencial derivación de la deuda a los gestores y administradores de la empresa. Es decir, que paguen con sus bienes.
DELITO MEDIOAMBIENTAL
Mientras el proceso de liquidación y disolución de Verter prosigue en el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Bilbao, el 28 de febrero están llamados a declarar tres técnicos de Medio Ambiente en el juzgado de Durango que mantiene abierta la causa por presunto delito ambiental en la gestión del vertedero. A dos de ellos se les cita como los inspectores que intervinieron en la concesión de la autorización ambiental que permitió el inicio de la explotación del vertedero. La tercera persona investigada está citada por su intervención en las inspecciones programadas en el vertedero en 2017.
Todas las personas citadas contarán con la asistencia letrada del Gobierno vasco. La consejera Tapia reiteró que el Gobierno vasco ha ofrecido su colaboración en todo el proceso de instrucción del caso puesto que “somos los primeros interesados en que se esclarezca toda la situación”.