Tapia se abre a incluir objetivos concretos y sanciones en la Ley de Cambio Climático

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha presentado este viernes en el Parlamento Vasco el proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que inicia así su tramitación parlamentaria, en una sesión en la que los grupos parlamentarios han expresado sus diferencias ante la necesidad o no de poner sanciones ante el incumplimiento de los objetivos de la nueva ley.

La Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Medio Natural del Parlamento Vasco ha acogido este viernes la comparecencia, a petición propia, de la consejera Tapia para presentar el proyecto de ley aprobado el pasado mes de mayo en el Consejo de Gobierno.

En su intervención, la titular de Medio Ambiente ha destacado que esta es la primera ley que aborda el cambio climático en Euskadi y cree que "demuestra la apuesta decidida del Gobierno vasco por afrontar el reto de la crisis energética y climática y sentar las bases de un nuevo modelo". "No tenemos obligación para ello como Gobierno Vasco, pero sí que tenemos competencia y por lo tanto hemos actuado con responsabilidad", ha señalado.

Según ha explicado, este proyecto de ley establece "por voluntad propia" un marco jurídico con el fin de alcanzar la neutralidad climática en Euskadi en el año 2050.

Tapia ha detallado que los últimos datos correspondientes al año 2020 indican que el sector energético, el transporte y la industria son los que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero de Euskadi, generando el 84% de las emisiones totales en Euskadi.

Además, ha señalado que la política de cambio climático del Gobierno vasco "debe tomar como base que la responsabilidad es compartida por toda la sociedad". "Euskadi no se puede quedar atrás y el Gobierno ha asumido su responsabilidad al poner en marcha esta ley", ha insistido.

La consejera ha destacado que la ley no contempla un régimen sancionador, ya que considera que "para eso están ya otras normas, como las leyes de administración ambiental o de conservación de Patrimonio Natural de Euskadi, entre otras", pero recoge "el uso de la fiscalidad, incentivando fiscalmente las actuaciones que favorezcan la adaptación al cambio climático o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero".

"MOTIVAR, NO AMENAZAR"

En el turno de réplica, la consejera ha defendido que consideran que esta es una ley "más para motivar que para amenazar y en esa motivación pues hemos contemplado bonificaciones", pero cree que "se puede debatir como también se hizo en la Ley de Sostenibilidad Energética".

"Los mecanismos sancionadores están en todas las leyes asociadas a medio ambiente, la tenemos en la ley de sostenibilidad. Si ustedes consideran que no son suficientes y que hay que poner algo más allá, lo valoramos y lo ponemos sin ningún problema. Entendíamos que existiendo las sanciones previas o los mecanismos anteriores y con un poco de incentivación podía ser suficiente. ¿Que no se considera? Estamos abiertos a valorarlos sin ningún problema", ha insistido la consejera.

Respecto a la 'fiscalidad verde', ha recordado que el texto plantea que sea el Órgano de Coordinación Tributaria el que analice todos estos aspectos y ha insistido en que están "abiertos a analizar cuáles pueden ser esos instrumentos fiscales, de manera que aquello que quizá no sea competencia específicamente foral, se pueda recoger en la ley".

Asimismo, ha defendido que es necesario "poner objetivos claros" y establecer "mecanismos de ajuste y adaptación en esos objetivos para que no se queden obsoletos a la primera de cambio".

VALORACIÓN DE LOS GRUPOS

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha criticado que el Gobierno tenía prevista esta ley para el segundo semestre de 2021, por lo que "llegan dos años tarde", y ha advertido de que no saben cuánto durará la legislatura, por lo que "podría ser la tercera vez que esta ley llega al Parlamento pero no es aprobada".

Asimismo, ha defendido que para afrontar la transición energética y el cambio climático es necesario "disponer mecanismos muy concretos disposiciones muy concretas y esta ley no lo hace" porque "no dispone nada". "Esta ley es bla bla bla", ha insistido antes de subrayar que "tal como está redactado en el año 2023, no es aceptable de ninguna forma" y la posición de su grupo sería "una enmienda a la totalidad" al texto.

El parlamentario de PSE Alberto Alonso ha defendido que la ley "debe marcar claramente los objetivos y cuantificarlos" y ha subrayado que "no puede quedarse en una mera declaración de intenciones", ya que tiene que "mandar un mensaje claro a toda la ciudadanía y también a los diferentes agentes económicos de que la sociedad vasca está absolutamente comprometida en la necesaria transición ecológica".

"Una ley que no recoge un régimen sancionador, por mínimo que sea, corre el riesgo de convertirse en una ley que no es efectiva. No tenemos dudas de que el mejor de los caminos es el incentivo, pero no podemos aprobar una ley basada simplemente en el 'buenismo'. Si hay objetivos, también tendremos que ser capaces de acordar entre todos los grupos, o en una gran mayoría, qué medidas vamos a tomar con aquellos que se empeñen en no querer cumplir lo aquí acordado", ha insistido.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto, por su parte, ha criticado que tras la declaración de emergencia climática en el 2019 por el Gobierno Vasco, han "esperado cuatro años" a la presentación de esta ley, por lo que no le parece "un gran compromiso por parte del gobierno" y ha resaltado que "previsiblemente después de que se apruebe, no se va a disponer de los instrumentos de planificación hasta el año 2025".

Soto ha considerado "interesante" que se cite la fiscalidad verde pero ha reconocido que "en ocasiones, determinadas empresas terminan derivándolo al consumidor", algo que "es muy complicado atajar". No obstante, se ha mostrado a favor de "las modificaciones que se puedan hacer para impulsar la fiscalía verde" y ha anunciado que harán sus aportaciones al texto.

La parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha alertado de que "la prisa en la que estamos queriendo acelerar para implementar todas las medidas para luchar contra el cambio climático puede que llegue a tener un coste social alto y que muchas personas no llegan a seguir el ritmo por la crisis energética vivida".

"La Unión Europea ha dicho que ya no existe crisis energética pero sigue habiendo familias con dificultades", ha señalado antes de pedir tener "especial cuidado" en cómo se implementan estas medidas "para no dejar a nadie atrás". Además, ha expresado la disposición de su grupo a "colaborar en la mejora del texto" porque consideran que "era necesaria la presentación de este proyecto de ley".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha defendido que, "más allá de las grandes líneas estratégicas y eslóganes que se exponen en el texto legal", considera necesario "bajar a la realidad de lo concreto" y se ha mostrado "en contra de tomar medidas sancionadoras en este tipo de leyes" porque "la imposición o la sanción no es apropiado en este momento" para "no dejar a nadie atrás".

Por último, la parlamentaria del PNV María Eugenia Arrizabalaga ha defendido que el texto presentado por el Gobierno es "un buen proyecto de ley, con amplitud de miras y marca bien el camino a recorrer" y ha señalado que su grupo intentará trabajar "con los grupos que así lo deseen, para enriquecer la ley, mejorarla" y se van a "esforzar por lograr consensos". "Confiamos en que con buena disposición y buena voluntad se facilite la tramitación del proyecto de ley sin caer en dilaciones estériles, y que de aquí al final de legislatura seamos capaces de aprobar esta ley", ha concluido.