Tarjetas de crédito renovable e hipotecas suponen la mitad de los litigios bancarios

Entablar un litigio contra una entidad financiera puede resultar costoso, tanto por el esfuerzo económico que implica como por su extensión en el tiempo, ya que este tipo de procesos suelen durar entre 18 y 24 meses. Pero, a tenor de los datos del último Estudio Jurisprudencial elaborado por Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), ocho de cada diez acaban resultando favorables al cliente. Las tarjetas denominadas 'revolving' -también llamadas de crédito renovable- y los gastos hipotecarios acaparan aproximadamente la mitad de las 539 sentencias que los tribunales resolvieron en el Estado en 2022.

“Son cifras que se mantienen estables respecto a otros años”, explica el economista Antonio Gallardo, uno de los autores del informe. Después del parón que supuso la pandemia, las resoluciones judiciales recobraron fuerza en 2022. En este sentido, la toma de postura por parte de muchos tribunales a favor de los usuarios desde el año 2018 se está reflejando en los casos resueltos en el último año. “Con el paso del tiempo, y la jurisprudencia previa, los jueces tienen cada vez más claros los criterios”, explica este experto.

Un repaso a las estadísticas del informe revela que apenas se incrementa el número de procedimientos más frecuentes, el de las tarjetas, que pasaron de 125 en el año 2021 a 126 al año siguiente. Pese a todo, concentran “una litigiosidad muy elevada”. “El problema es que ha habido unos criterios judiciales muy dispares a la hora de establecer qué tipo de interés es calificado como usurario en esas tarjetas. Ahora ese tipo de interés ha subido bastante y va a ser difícil ganar casos”. Se refiere Gallardo al último fallo emitido por el Tribunal Supremo en esta materia, el pasado mes de febrero y que establece que un interés del 23,9% TAE en las tarjetas 'revolving' no es usura. Al mismo tiempo, fijó por primera vez el umbral para este abuso: seis puntos por encima del tipo medio de los préstamos con tarjeta.

El otro gran apartado tiene que ver con las hipotecas, donde hay varias casuísticas. Hubo 273 sentencias el año pasado, 27 más que el año anterior. Hipotecas multidivisa (98), cláusula suelo (29), comisión de apertura (16) e IRPH (13) se mantienen estables, pero el gran aumento viene en la partida de gastos hipotecarios, que pasa de 72 a 117. La sentencia del año 2015, por parte del Supremo, en la que se estableció que era nulo y abusivo que los bancos impusieran a los clientes la totalidad de los gastos de formalización, ha propiciado que después se produzcan más resoluciones en la misma dirección. “El cliente tiene cada vez más claro qué y donde reclamar”, subraya Gallardo. Aunque los procesos judiciales amontonan retrasos por la saturación en los tribunales, “no deja de ser llamativo que 14 años después del estallido de la burbuja financiera las hipotecas, en sus diferentes categorías, sean las que acumulan más litigios”, se lee en el informe.

El estudio subraya que “el cambio de una operativa más personalizada a una enteramente digital” acarrea un cierre de oficinas que, a su vez, “puede llevar a una política comercial más agresiva que perjudique la relación con muchos clientes”. “Las entidades intentan vender muchos productos financieros y esto puede marcar los conflictos con el cliente en el futuro”, indica Antonio Gallardo.

El hecho de que la jurisprudencia sea cada vez más positiva para los usuarios por “las malas prácticas de las entidades” en la primera década de siglo, cuando aún no había explotado la crisis que trajo consigo una mayor supervisión, puede suponer que la litigiosidad caiga. “Pero no debemos perder de vista los nuevos problemas que están generando unas hipotecas al alza, con prácticas que pueden ser conflictivas, como la vinculación de productos o los que buscan cambiar para mejorar su tipo de interés”, proclama el informe de Asufin.