Técnicas de igualdad denuncian la excesiva temporalidad y su "aislamiento" en la entidades locales

Representantes de la Red de Técnicas de Igualdad de Entidades Locales han denunciado este miércoles en una sesión de trabajo parlamentaria la "alta temporalidad" laboral de este colectivo, formado en Navarra por 26 profesionales, y el "aislamiento" que sienten en las entidades locales en las que trabajan.

También han lamentado que sufren falta de personal administrativo, tienen que atender cada una a numerosas entidades locales, su financiación es escasa y se ven limitadas por el "espejismo" de la igualdad, que "es una cuestión generalizada a toda la sociedad".

"Contamos con una financiación muy limitada, muy dependiente de subvenciones, muy asociada a proyectos que duran un año y quién sabe para el siguiente, y esto en épocas de crisis genera mucha incertidumbre en cómo desarrollar trabajos a largo plazo y hacer cosas sostenibles en el tiempo", ha afirmado este miércoles la representante de la red Vanesa Eguiluz durante su intervención en una sesión de trabajo parlamentaria donde ha comparecido junto a Ariane Etxeberria y Eider Pérez.

Entre los aspectos "desfavorables" que afronta el colectivo, Eguiluz ha destacado la "alta temporalidad", ya que más del 80% de los contratos son "inestables" y el nivel de contratación en Navarra es B, cuando "en el resto de comunidades y municipios cercanos están insertas en un nivel A".

Además, ha apuntado que "dependemos de ritmos administrativos que no son los propios de un proyecto lógico" y ha remarcado que "se ofrece asistencia técnica gratuita a las entidades locales que carecen de técnica, lo cual "incide en que muchos ayuntamientos con técnica se planteen la necesidad de tenerla si ya tienen asistencia técnica gratuita" desde la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Por otro lado, ha criticado que están evidenciando una "impunidad" ante el incumplimiento de la ley de Igualdad, ya que "en ocasiones no se cumple y no pasa nada".

SIN PERSONAL ADMINISTRATIVO

Eider Pérez de Heredia, miembro de la Red, ha explicado en la sesión de trabajo que las primeras contrataciones de técnicas de igualdad tuvieron lugar a finales de los años 90 y actualmente son 26 profesionales, que atienden a municipios que suponen dos tercios de la población navarra, más de 465.000 personas. Trabajan en 18 ayuntamientos, 5 mancomunidades y un consorcio de desarrollo.

La portavoz ha hecho un repaso de los principales hitos en este ámbito y ha recordado que en 2006 se aprobó el primer Plan de Igualdad de Navarra; de 2008 a 2010 comienzan y se consolidan las ayudas a las contrataciones de técnicas de igualdad; en 2018 se publica la guía para la elaboración de protocolos locales ante la violencia hacia las mujeres; y en 2019 se aprueba la Ley de igualdad entre mujeres y hombres.

La Red, ha comentado, tiene cinco ejes de trabajo: campañas de sensibilización, formación, transversalidad, comunicación y zonas rurales.

Ariane Etxeberria, miembro asimismo de la Red, ha destacado que el 56 % de las técnicas llevan menos de cinco años trabajando, más del 80 % están en temporalidad laboral y además sufren una alta movilidad en las entidades locales (el 36 % llevan menos de dos años).

El 48 % de las técnicas no tiene personal administrativo asignado y un 40 % sí lo tiene, pero compartido con otros servicios municipales. Un 26 % de las técnicas cuentan con menos de 15.000 euros para realizar su trabajo, según ha informado en la sesión de trabajo.

Además, ha agregado, hay un elevado número de técnicas de igualdad que gestionan más de una localidad, con una media de 17 poblaciones. La que menos entidades atiende son 2 y la que más, 38.

Etxeberria ha declarado que estas profesionales se ven afectadas por problemas como alta autoexigencia, soledad o falta de reconocimiento.

Por estos motivos, las técnicas han reclamado al Gobierno de Navarra que lidere el cumplimiento de la normativa de igualdad en las entidades locales, que se consoliden los puestos de trabajo, que haya recursos presupuestarios estables, y que se haga una evaluación y seguimiento de las políticas de igualdad en las entidades locales.