“Tenemos que capacitar a las personas privadas de libertad ”

El asesor en materia penitenciaria del Gobierno vasco, Jaime Tapia, no quiere caer en triunfalismos, pero se muestra “razonablemente satisfecho” de los pasos dados a lo largo de estos dos años de gestión penitenciaria en Euskadi. Recuerda todas las medidas puestas en marcha para mejorar la situación de la población penitenciaria, pero se muestra especialmente satisfecho con el impulso dado al cumplimiento de las condenas en régimen de semilibertad.

El nuevo modelo penitenciario vasco aboga por cumplir las condenas en régimen de semilibertad.

Es lo que recomiendan diferentes organismos y entidades de la Unión Europea. Es una referencia que hemos intentado consolidar a lo largo de los dos últimos años y para ello hemos puesto en marcha diferentes recursos habitacionales. No es humo y estamos razonablemente contentos aunque queda mucho por hacer. Y también lo debe estar la ciudadanía porque los trabajos científicos muestran que se consiguen mejores resultados de rehabilitación y de reinserción si se cumple la pena en régimen de semilibertad sustituyendo el cumplimiento estricto de la condena.

También consideran básica la formación.

Se puso en marcha Aukerak y ha aumentado notablemente el número de personas empleadas. Teniendo en cuenta que gran parte de la población penitenciaria no puede trabajar bien por razones físicas o psíquicas, el objetivo es alcanzar una ocupación del 50%. Para poder garantizar la futura reintegración en la sociedad tenemos que capacitar a las personas privadas de libertad.

Ha habido mucha polémica por conceder el tercer grado a presos de ETA.

Siempre que venga una crítica de las víctimas la voy a admitir, al igual que todo el Departamento. Pero las personas que cometieron delitos cuando pertenecían a ETA tienen que gozar de los mismos derechos y obligaciones que los demás. El principio de igualdad está incluido en el artículo 14 de la Constitución. Nuestra labor está legitimada por las propias resoluciones. Siempre hay razones objetivas para conceder ese tercer grado. Ni la Fiscalía ni el juzgado de la Audiencia Nacional ponen en tela de juicio nuestras resoluciones, sino que discrepan respecto a cuestiones concretas y tienen distintos puntos de vista. Si lo valoramos en términos cuantitativos, hay más progresiones de grado que han sido confirmados que casos impugnados. No nos sentimos deslegitimados por lo que la Audiencia Nacional haya podido pensar. Son criterios distintos y nuestras decisiones están motivadas.

La población penitenciaria ha crecido desde que Euskadi gestiona el modelo.

Con la transferencia de la gestión penitenciaria recibimos unas infraestructuras en muchos casos obsoletas, centros muy antiguos como Basauri o Martutene. El número de personal tampoco estaba adaptado a las necesidades como sucedía en Zaballa. Pero a pesar de esta situación se ha hecho un esfuerzo para que las personas con arraigo en Euskadi que antes habían sido derivadas a otros centros penitenciarios del norte del Estado, pudieran venir tras la transferencia. Calculamos que alrededor de unas 500 personas con arraigo en Euskadi estaban cumpliendo condena fuera. En la actualidad la situación ha mejorado y aquellas personas que antes de la transferencia habrían sido derivadas a otros centros se están quedando en Euskadi. Y la situación va a ir mejorando en cuanto podamos aumentar la plantilla y se abra el centro penitenciario en Gipuzkoa en Zubieta. Entonces tendremos capacidad para admitir a más personas. Podemos decir que en la próxima legislatura podremos aceptar a todas las personas que realmente tengan arraigo en Euskadi y quieren cumplir la condena aquí. Con los acuerdos que hemos cerrado con la secretaría general de instituciones penitenciarias hemos mejorado la situación, y el objetivo es que aún mejore todavía más, pero en ningún momento ha habido hacinamiento en los centros penitenciarios vascos.

¿Hay mucho que cambiar del modelo heredado?

Recibes una situación y comienzas con lo más urgente, pero hay que cambiar y modernizar muchas infraestructuras, así como aumentar el personal. El proceso es lento y necesitaremos al menos hasta dos legislaturas. Somos un servicio público al servicio de la población penitenciaria, y hemos mejorado. Prueba de ello, es que hay muchas personas de otros centros penitenciarios con arraigo escaso que quieren venir a Euskadi. l