Las autoridades surcoreanas cancelaron hoy la detención del presidente, Yoon Suk-yeol, para que declare sobre la ley marcial que proclamó en diciembre ante la obstrucción de su servicio de seguridad, en un tenso episodio marcado además por la presencia de 11.000 seguidores del mandatario y 2.700 policías.
Lo sucedido este viernes plantea un nuevo escenario sin precedentes dentro de la espiral de incertidumbre en la que está inmersa Corea del Sur desde los últimos 30 días y plantea nuevos interrogantes acerca del futuro político del país y del propio Yoon. Estos son algunos factores a tener en cuenta.
Lo sucedido en la residencia presidencial
Hacia las 8.00 hora local (23.00 GMT del jueves) 20 funcionarios de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) y 80 policías han entrado en el recinto de la residencia presidencial en el barrio de Hannam, en Seúl.
Fuera han quedado otros 30 agentes de policía vigilando la entrada al complejo, mientras que unos 2.700 efectivos adicionales han sido desplegados para evitar altercados entre los 11.000 seguidores del presidente que atestaban los alrededores y las fuerzas del orden.
Tras superar controles militares en el recinto, CIO y policía se han encarado durante tres o cuatro horas con el servicio de seguridad presidencial, que se negó a aceptar la validez de las órdenes de arresto temporal y registro obtenidas el martes después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar en relación a su decisión de decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
El CIO ha decidido cancelar la operación a las 13.30 hora local (4.30 GMT) expresando preocupación "por la seguridad de las personas sobre el terreno", entre las cuales había hombres armados pertenecientes tanto al servicio de seguridad presidencial como a la policía.
Los argumentos de Yoon y roces en la investigación
Yoon ha seguido insistiendo en que declarar la ley marcial fue un "acto de gobernanza" ante lo que considera acciones "antiestatales" de la oposición, que controla el Parlamento, y sus abogados solicitaron una anulación judicial de la orden de detención argumentando que es "ilegal" y que solo la Fiscalía, y no el CIO, puede demandar un arresto bajo la acusación de insurrección, el único delito para el cual no hay inmunidad presidencial en Corea del Sur.
Pese a que el equipo conjunto de investigación formado por el CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional ha solicitado a la Fiscalía unificar las pesquisas, el ministerio fiscal se ha negado, poniendo de relieve un desencuentro que viene de lejos.
El CIO fue establecido por el anterior Gobierno del presidente liberal Moon Jae-in en 2021 en un momento de fuerte enfrentamiento con el entonces fiscal general que él mismo había nombrado dos años antes: el ahora presidente Yoon Suk-yeol.
Después de que Yoon lograra hacer dimitir por corrupción a un ministro de Justicia -y cercano aliado de Moon- la sucesora en el cargo, Choo Mi-ae, acometió una reforma de la Fiscalía para recortar sus competencias en materia de investigación y estableció el CIO.
Esto motivó la dimisión en marzo de 2021 del entonces fiscal general, que tres meses después se postularía como candidato con los conservadores a las presidenciales de 2022, las cuales ganaría por apenas un 0,7 % de los votos.
Qué sucede ahora
El CIO ha dicho que estudiará los siguientes pasos a adoptar con respecto a la orden, que caduca el lunes, y que de hacerse efectiva permitiría retener a Yoon para que declare durante 48 horas, plazo en el que se puede solicitar una extensión temporal del arresto si se considera que es necesario prolongar el interrogatorio.
Los investigadores habían apostado por hacer hoy efectiva la detención de Yoon ya que se prevé que el sábado y el domingo aumente la concentración de seguidores del presidente, en su mayoría personas que superan los 60 años, lo que incrementa el riesgo de los encontronazos.
La situación plantea múltiples incógnitas pese a que Yoon, destituido por el Parlamento el 14 de diciembre, ya está siendo juzgado por el Tribunal Constitucional, que tiene hasta junio para dictaminar si hubo o no violación de la Carta Magna el 3 de diciembre y si por lo tanto su cese debe ser o no definitivo.
En todo caso el episodio vivido hoy, más en un momento en el que país está en situación de interinidad (el Parlamento también destituyó al primer ministro, que había heredado las funciones de Yoon, hace una semana y desde entonces el presidente provisional es el titular de Finanzas), subraya el poder desmedido en Corea del Sur de la figura presidencial, que muchos surcoreanos tachan de "casi imperial", y añade leña al debate sobre la necesidad de reformar la Constitución.