Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se reúne este miércoles con representantes de UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, en el marco de la ronda de conversaciones para la elaboración del Plan de Contingencia.
La reunión está prevista para las 18.00 horas. Previamente, Ribera se reúne con el presidente de Endesa, José Bogas.
En el contexto del diseño del Plan de Contingencia que el Gobierno debe remitir a la Comisión Europea, mañana se reúne también la Conferencia Sectorial de Energía bajo la presidencia de Ribera.
La reunión permitirá analizar las propuestas para la elaboración de dicho Plan que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, por medio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica durante las últimas semanas.
Estos encuentros, que se enmarcan en el contexto del diseño del Plan de Contingencia que el Gobierno debe remitir a la Comisión Europea dentro de la estrategia comunitaria para afrontar el impacto de la guerra en Ucrania, forman parte de la ronda de conversaciones de la vicepresidenta tercera con los principales agentes sectoriales, industriales, sociales, políticos y de la sociedad civil para analizar la situación y recabar propuestas que contribuyan a que España reduzca su consumo de gas, de acuerdo con el compromiso adquirido en el marco europeo.
Dentro de la ronda de contactos, Ribera mantuvo este lunes una reunión con la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, integrada por grandes organizaciones empresariales de distintos sectores, tras la cita del pasado viernes con la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), y la Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración (Cogen).
Previamente, el jueves se reunió con representantes de las formaciones políticas parlamentarias y del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
A lo largo de la última semana, la vicepresidenta tercera del Gobierno se ha reunido ya con diferentes actores del sector, como los presidentes de Naturgy, Francisco Reynés; de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y de Redeia, Beatriz Corredor; así como con el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri. También ha mantenido encuentros con representantes de las patronales eléctrica (Aelec) y gasista (Sedigas).
Esta ronda de conversaciones se produce tras la convalidación en el Congreso, la semana pasada, del decreto de ahorro energético, que finalmente se tramitará como proyecto de ley para la inclusión de algunas modificaciones reclamadas por los socios de Gobierno.
El decreto, cuyas medidas se seguirán aplicando pese a su tramitación como proyecto de ley, recoge el primer paquete de medidas de ahorro energético previstas para cumplir con la reducción voluntaria del consumo de gas, ante el riesgo de un corte de suministro por parte de Rusia, así como ayudas para el fomento del transporte público como la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia desde el 1 de septiembre hasta final de año.
Este plan de ahorro energético, que se completará con el diseño del Plan de Contingencia, limita las temperaturas de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados respectivamente en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. La norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o las cocinas de los restaurantes.
Asimismo, obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22.00 horas y exige que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.
Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.
El mismo decreto ley contiene también nuevas convocatorias de ayudas al transporte terrestre de mercancías, agiliza instalaciones de energía renovable y de almacenamiento y contempla la beca complementaria de 100 euros para toda persona beneficiaria de becas y ayudas al estudio anunciada por el presidente del Gobierno en el último Debate sobre el Estado de la nación.