El Departamento de Educación ha activado el engranaje para bajar a tierra el Pacto Educativo aprobado por el 90% del arco parlamentario el pasado 7 de abril y poner así los cimientos de la Ley Vasca de Educación. El 26 de junio el Gabinete que lidera Jokin Bildarratz renovó la financiación de la red concertada para el próximo sexenio por 680 millones de euros al tiempo que bajaba las ratios de estudiantes por aula para sortear el impacto de la crisis de natalidad. Ahora, Educación somete a consulta pública una de las piezas clave que dará forma a la planificación del Servicio Público Vasco de Educación, integrado por todos los centros sostenidos con fondos públicos independientemente de su titularidad (públicos y concertados).
Se trata del borrador del decreto del Mapa Escolar. En él se incluyen novedades importantes derivadas del nuevo paradigma surgido del Pacto y que persigue garantizar la gratuidad real de la enseñanza y acabar con la concentración del alumnado vulnerable en la red pública. En primer lugar, el decreto establece que todas las áreas de escolarización y zonas de influencia que se definan contarán con un centro de titularidad pública. Además, todos los centros que integren el Servicio Público Vasco de Educación (públicos y concertados) deberán reservar una serie de plazas para alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa de forma que se garantice una presencia “equilibrada” de estos estudiantes o de los que se encuentren en una situación socioeconómica desfavorecida. Todo ello, respetando el derecho de elección de las familias.
Escolarización “equilibrada”
Para lograrlo, la Administración definirá cuál será la “proporción equilibrada” de alumnado vulnerable así como de matrícula viva –el alumnado, normalmente migrante, que se incorpora con el curso comenzado– que debe admitir cada centro en función de la realidad de cada zona. Además, el Gobierno vasco vigilará que se cumpla el principio de corresponsabilidad de los centros con la diversidad, uno de los borrones que acompañan a la Escuela Vasca, donde prácticamente el 70% del alumnado vulnerable estudia en la red pública.
En este sentido, el borrador que fija la planificación del Servicio Público Vasco de Educación establece que el Departamento, a través de las Comisiones de Escolarización, “velará y tomará las medidas oportunas para garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos sean corresponsables en la escolarización equilibrada del alumnado que se incorpora al sistema educativo fuera del proceso ordinario de admisión, de manera que no aumente la proporción de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa del centro con respecto a los de su entorno” .
Controles
Así mismo, Educación establecerá “medidas de control” para evitar que los cambios de centro que se producen entre dicho alumnado ocurran “por razones discriminatorias de cualquier tipo”. Dicha escolarización, prosigue el documento, se hará de manera “equilibrada” en los centros, tanto públicos como privados concertados, que determine la Delegación Territorial de Educación, “oídos los padres, madres, tutores o tutoras legales de dichos alumnos y alumnas, de acuerdo con la normativa vigente reguladora del proceso de admisión”. Así, la organización del Servicio Vasco de Educación se completará con un decreto que recoja los criterios de admisión. Y esto será así porque a partir de enero de 2023, es decir, para el curso 2023-2024 se van a establecer cupos de alumnado vulnerable que deberán matricular los centros concertados y públicos para que respondan de una manera equilibrada a la vulnerabilidad.
Según Educación, los centros tendrán cuatro años para adaptarse a esta normativa. Queda aún por definir tanto la zonificación del Mapa Escolar como los porcentajes de vulnerabilidad que deben admitir los colegios. En cualquier caso, el decreto señala que las áreas de influencia escolar se establecerán en base a varios criterios, como la heterogeneidad de la composición social, la escolarización de proximidad o la garantía de pluralidad educativa velando para que incluyan oferta pública y privada concertada de manera complementaria si existen ambas titularidades en la misma. Todo ello, insiste el texto, “armonizándolo” con los derechos individuales del alumnado y de sus familiares.
Oferta ajustada y sostenible
La idea que subyace tras estas condiciones es la de garantizar que todo estudiante disponga de una plaza en el entorno próximo a su casa en cada una de las etapas educativas obligatorias. Por otro lado, a nadie se le escapa que una de las mayores amenazas del sistema es la crisis demográfica. Para responder a ella, el decreto abre la puerta al cierre o fusión de centros así como a publificar alguno a instancias de la propia Administración para dar respuesta a necesidades educativas que se detecten y que no cubra la oferta de la zona. El objetivo es acabar con la sobreoferta y crear un Mapa Escolar “sostenible” y ajustado a las necesidades reales del momento. Por tanto, el Mapa será flexible.
Las Delegaciones Territoriales serán las encargadas de diseñar, ajustar los itinerarios a las necesidades reales. Los cambios se podrán hacer en función de la evolución demográfica de los municipios, de la matrícula y de la oferta, planteándose “llevar a cabo la fusión, la integración, la adscripción, la suspensión de actividad, la segregación, la división o la creación de centros docentes”. Antes, Educación consultará su decisión con los centros y con los Ayuntamientos pero se contempla que dichos procesos puedan ser transitorios y reversibles.