Mientras Pedro Sánchez disfruta de unos días de vacaciones en familia en Marruecos, sus necesarios aliados para la investidura van dejándole claro que no le bastará con azuzar el espantajo de la derecha, prometer un nuevo sistema de financiación o lanzar promesas en el aire en cuanto al modelo territorial para ganarse su favor en la investidura. Los grupos soberanistas salieron ayer miércoles en tromba para constatar que no le entregarán un “cheque en blanco” si quiere sus votos y que comienza a ser ya la hora de que el líder socialista empiece a “mover ficha”. Con sus matices en cuanto a objetivos particulares, casi todas las formaciones –PNV, ERC, BNG y hasta Junts, de quien ahora depende– apuntan a la imperiosa necesidad de visualizar en la práctica, no solo de palabra, la plurinacionalidad del Estado, así como de enterrar políticas recentralizadoras. Solo EH Bildu ha anunciado su disposición a validar su candidatura sin contrapartidas en público con tal de que PP y Vox no acampen en La Moncloa.
Esquerra, que a priori sería también el as con el que Sánchez puede contar por adelantado, ya le ha avisado de que esta vez el precio será mayor: que al propósito de acabar con el déficit fiscal se une esta vez la obligación de acabar con la represión y poner los cimientos para dar salida a un referéndum de autodeterminación. Lo hizo primero el president Pere Aragonès y ayer fue la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien reivindicó que “se deberían acabar de ejecutar y cumplir algunos de los acuerdos” llevados a cabo con los socialistas en la anterior legislatura que “no pueden caer el olvido”, después de que la mesa de diálogo quedara más que aparcada, enterrada, si bien la puso en valor. “Fue la primera vez que conseguimos sentar a un Gobierno español para asumir que hay un conflicto político”, manifestó. Aunque consideró que su experiencia en la negociación con el Estado es “positiva” respecto al último mandato de Sánchez, en el que consiguieron traspasar las líneas rojas marcadas por el PSOE –con los indultos y la supresión del delito de sedición–; la dirigente republicana abogó en Catalunya Ràdio por comprobar “en qué condiciones se puede votar y en qué condiciones se tiene que poner fin a la represión política”. Rovira evitó entrar en la crítica de la presidenta de Junts, Laura Borràs, al Jefe del Govern por su “desconexión de la realidad del independentismo”, y le pidió aclarar diferencias y dejar divisiones estériles, tácticas y partidistas. “Todo lo que hemos intentado hacer estos últimos años ha fracasado precisamente porque no hay este acuerdo estratégico”, argumentó, proponiendo un pacto que “no puede ser táctico, coyuntural ni del momento”. “Toca aprovechar la oportunidad de la investidura de Sánchez” ya que Catalunya ha dicho “no” a un gobierno del PP y Vox. “Pero que no dé por descontado, por hecho, nuestro apoyo”, zanjó.
Puigdemont y la inmersión
La duda reside en qué alma se impondrá en Junts, si la más posibilista o la más intransigente. Desde Waterloo, Carles Puigdemont, muy activo en sus comentarios desde que se supo el desenlace en las urnas que le colocó como un actor principal del tablero, rechazó dar un respaldo gratuito a los socialistas, a los que acusa de no respetar la inmersión lingüística en Catalunya. Así lo reseñó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya estimado la medida cautelar solicitada por una familia y obligue a una escuela de Girona a impartir en un aula “una o unas materias o asignaturas” en castellano, además de la de aprendizaje de la lengua. “Van deconstruyendo consensos sociales y políticos por mero supremacismo lingüístico, y aún piden que les sigan extendiendo cheques en blanco porque hay que parar a la derecha”, analizó el expresident. En este sentido, les preguntó qué han hecho estos años para parar “a la derecha judicial” y para que se respete la política lingüística aprobada y consensuada con la mayoría de catalanes. “Tenían los votos, tenían la llave y tenían todo el poder... pero el catalán retrocede empujado por la ofensiva oficial del Estado. No se puede repetir este esquema si se desea tener resultados diferentes”, advirtió.
En parecidos términos de exigencia se expresó el diputado electo del BNG, Néstor Rego, que se halla elaborando un documento de exigencias que presentará a Sánchez. “Nosotros estamos en disposición de hablar partiendo de algo que es explícito: si de nosotros depende, no va a gobernar la derecha y la ultraderecha”, afirmó, recordando que su papel en el Congreso pasa por “poner los intereses de Galiza en primer plano”, por lo que solicitó al líder de los socialistas “compromisos claros” en materias como la inversión, la política social o el avance en el autogobierno. A su juicio, los resultados de las generales muestran un “contexto bastante complejo”, pero en el que “emerge con fuerza la relevancia del papel de las naciones que componen el Estado español” y de las fuerzas nacionalistas. Por ello, demandó “mayor presencia” y un “reconocimiento no solo formal, si no real, del carácter plurinacional del Estado”. “Galiza no puede estar al margen de este proceso, no puede ser un invitado de piedra”, aseveró. “Debemos caminar hacia un nuevo estatus político para nuestro país, que blinde las competencias y nos dé capacidad real para decidir”, proclamó Rego, que exigirá “compromisos con plazos verificables”. Entre otras cuestiones, aludió a “compensar el déficit histórico en inversiones”, especialmente en el ámbito de las infraestructuras, y el impulso de políticas sociales en campos como la Igualdad o la financiación de la Ley de Dependencia.
Bildu prima frenar a PP y Vox
Desde Euskadi, EH Bildu ha optado por mantener sus posiciones en un contexto de discreción pero anteponiendo el hecho de ejercer de dique de contención ante PP y Vox, una postura que le valió la crítica desde el PNV por subordinar Euskadi “a una ideología española”. Su estrategia en Nafarroa, de abrirse a la reelección de María Chivite casi a cambio de nada, tampoco es casual. Por su parte, los jeltzales sí que han conminado a Sánchez a promover una reforma del modelo territorial. Tras anunciarlo así tanto el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, como el líder del GBB, Joseba Egibar, ayer fue el diputado general de Araba, Ramiro González, quien apeló en Radio Euskadi a “reconocer la plurinacionalidad del propio Estado, avanzar en el autogobierno y dar marcha atrás en medidas recentralizadoras que se han producido claramente desde la judicatura española”, sobre todo en relación con el euskera. “Es momento de reconocer esa realidad plurinacional del Estado español y afrontar esa situación con decisión”, puntualizó.