¿Le pudo al PSOE el ruido ambiental a la hora de lanzarse en solitario a tratar de modificar la ‘ley del solo sí es sí’?
—Fue un error y lo que esperamos es que se rectifique porque, si no, se estará consumando un retroceso importantísimo en los derechos feministas que hemos logrado en esta legislatura. Hemos defendido la necesidad de que el consentimiento siga estando en el centro, estamos dispuestas a modificar la ley, hemos hecho hasta seis propuestas y no nos hemos levantado de la mesa.
¿En qué consiste el consentimiento como hecho diferencial de la ley?
—Que esté en el centro significa que lo que determina si un acto sexual constituye violencia sexual o no es si la mujer ha consentido libremente o no. Lo que plantea el PSOE es volver al Código Penal anterior que, de facto, implica volver a distinguir en función de si ha existido violencia e intimidación. Esto, sin duda, no es el mandato que nos dio el movimiento feminista cuando salió a las calles diciendo “no es abuso, es violación”.
El aspecto penal de la ley acapara toda la atención pero tiene otros muchos aspectos que redundan en la protección de las mujeres.
—Efectivamente, es una ley integral porque erradicar la cultura sexual de la violación requiere de políticas globales coordinadas por parte de todas las administraciones. Esta ley reconoce una serie de derechos y los servicios públicos que los garantizan en el ámbito de la prevención, la protección y la reparación integral de las víctimas.
¿Por ejemplo?
—Uno de los elementos más relevantes es la puesta en marcha de los centros de crisis 24 horas, que implican que cualquier víctima de violencia sexual, haya denunciado o no, pueda recurrir a asistencia jurídica gratuita, tener el acompañamiento de una psicóloga especializada y acceder a toda una serie de servicios para ese proceso de recuperación.
¿Estas medidas propiciarán un mayor número de denuncias?
—La realidad ahora mismo es que un 92% de las víctimas de violencias sexuales no denuncia. Esto significa que buena parte de las situaciones de violencia sexual no han aflorado y que sigue habiendo miedo, vergüenza y poca confianza en las instituciones que han de protegerlas.
¿Qué le parece el argumento del PSOE de que había que actuar para atajar la reducción de penas a condenados por agresión sexual?
—Hay una minoría de tribunales que están aplicando de manera incorrecta la Ley Integral de Garantía de la Libertad Sexual. El fiscal general del Estado planteó en un decreto que había que analizar caso a caso y que, como regla general, cuando la pena dictada se encontraba dentro de la nueva horquilla penal, no cabía la revisión de pena. Lo que hemos planteado es que haya una reforma que refuerce la visibilización de ese derecho transitorio que está en vigor y que es imprescindible para que haya una correcta interpretación y aplicación de la norma, que lo que pretende no es reducir las penas sino proteger a las mujeres.
¿Qué supone que los socialistas hayan acordado con el PP la toma en consideración de la reforma?
—No es comprensible para la ciudadanía progresista y para la mayoría feminista del Congreso que el PSOE presente esta propuesta de reforma, que en su extremo coincide con la del PP, que nos devuelve al Código Penal anterior. Vamos a seguir apostando por un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición que permita dar una respuesta unitaria y que en ningún caso dé pasos atrás en el reconocimiento del consentimiento.
El foco se ha situado especialmente sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero. ¿Está sufriendo un linchamiento político y mediático?
—La ministra, y también la secretaria de Estado, están sufriendo la violencia política contra las mujeres feministas cuando están en el espacio público y emplean ese poder para hacer que avancen los derechos feministas. Esa violencia política se expresa en forma de cuestionamiento desde unos profundos estereotipos de género patriarcales y de una forma terriblemente violenta. Tenemos que preguntarnos de qué manera esto afecta de manera directa a la calidad democrática de un país.
Tras el rechazo del Constitucional al recurso del PP contra la ley del aborto, Alberto Núñez Feijóo ha hecho equilibrios para no enfadar a los sectores más conservadores de la derecha. Por ejemplo, dijo que no considera que el aborto sea un derecho fundamental.
—El aborto es un derecho fundamental, estamos hablando de la capacidad que las mujeres tenemos de decidir sobre nuestros proyectos de vida, nuestro cuerpo, nuestra reproducción o nuestra sexualidad. Por tanto, es un derecho humano, y no lo dice el Ministerio de Igualdad, sino los organismos internacionales.
Euskadi cuenta con su propia Ley de Igualdad, que ya recoge algunas medidas de la normativa española como las dirigidas a garantizar la paridad en los órganos de decisión. ¿Serán ambas compatibles?
—Sin duda. Las mujeres somos más del 50% de la población y es importante que fortalezcamos los mecanismos que garantizan su representación en los espacios de toma de decisiones y en la participación política.
¿Qué opina de la propuesta de que el 8 de marzo, Día de la Mujer, fuera festivo en 2024 en Euskadi?
—Respeto el proceso de diálogo de Emakunde con el movimiento feminista y con la sociedad civil para hacer una propuesta desde la convicción de que es que es necesario que haya efemérides que nos permitan recuperar la memoria para visibilizar la genealogía feminista.
¿Qué le parecería que hubiera una mujer lehendakari?
—Es muy importante que haya mujeres referentes en los máximos puestos de representación política. Que nuestras hijas vean que son ingenieras técnicas, astronautas y que ocupan los espacios que históricamente les han sido vetados.