Trabajadoras de la residencia de la tercera edad de Cáseda Tomás, Lydia y Javiera Recari han denunciado las condiciones económicas y laborales que arrastran desde hace dos años como consecuencia de la gestión privada del centro municipal.
Entre las reivindicaciones exigidas por las empleadas figura en primer término, el pago inmediato de los atrasos debidos a la aplicación del incremento del 6,5% del IPC real establecido para 2021 a nivel estatal correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2022, tal como reconoce la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para las trabajadoras de las residencias de mayores. Exigen además, el reconocimiento de los derechos recogidos en el convenio referencia para las trabajadoras del sector (nivel estatal) y del propio convenio de la residencia municipal de Cáseda, firmado en 2014 y en vigor hasta su renovación o la firma de otro: Derechos como: la elaboración de un calendario anual respeto a los horarios de los turnos, evitando el exceso constante de horas y del volumen de trabajo; la adaptación de la carga y los ritmos a los ratios oficiales con relación al número de usuarios y nivel de dependencia. “En la actualidad, el director nos entrega el calendario cada mes y de las 39 plazas ocupadas, solo 5 o 6 son personas válidas. Trabajamos dos en cada turno de mañana y de tarde y solo 1 en el de noche”, denuncian.
Las trabajadoras, 22 entre geroculturoras, limpieza, enfermera, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y cocinera, aseguran que solo quieren cobrar lo que les corresponde. “Estamos cansadas de esperar a que nos actualicen las tablas y pedimos respeto a nuestro trabajo y más información”, declaran a coro por miedo a represalias.
Por su parte, el director del centro, Miguel Ángel Renieblas, difiere de todo lo anteriormente expuesto por las empleadas y argumenta que “en enero se ha aplicado el incremento del 6,5% del IPC y en febrero, se sumará 4% más” según el marco estatal. Sin embargo, esta actualización de las tablas salariales no cuadra al sindicato LAB. “Vemos que en algunos casos va acompañada de cambios en complementos y beneficios existentes, no sigue un patrón igual para todas las trabajadoras, y deja alguna de ellas por debajo, incluso del salario mínimo interprofesional. No hay buena fe. Un convenio de empresa no puede estar por debajo del marco estatal”, afirma Izar Alkuaz (responsable de las residencias de Navarra del sindicato LAB (único en el centro ). Añade que la empresa tendría que haber abonado con carácter retroactivo el incremento IPC adeudado de 2021 y que en proporción, “todas tendrían que haber ganado, y no es así”. Las trabajadoras están dispuestas a continuar con las demandas hasta conseguir sus objetivos.
RESPONSABILIDAD MUNICIPAL
El colectivo ha pedido implicación al Ayuntamiento y que garantice la gestión óptima del centro municipal.
Izquierda de Cáseda/Kasedado Langileak (oposición) reafirma que “llevan años sin subida salarial y no quieren seguir trabajando en precario”. Además, critican al alcalde Jesús Esparza, por apoyar a la empresa con fondos públicos. “Ha decidido abonar 20.000 euros al gestor de la residencia, Miguel Ángel Renieblas, para ayuda del gasto energético de 2022,”. La medida, apuntan, se aprobó en el pleno del pasado jueves, con el voto de calidad del alcalde, Jesús Esparza.
“El acuerdo entre Ayuntamiento y la empresa recoge que solo se hace cargo de mantenimiento de la residencia. “Veremos si es legal que el alcalde desvíe fondos públicos a ese fin. Entendemos que premia a una empresa que no se está haciendo cargo legalmente de lo que le corresponde, abonar los salarios y mejorar las condiciones laborales”.
A tenor de este hecho, el alcalde, Jesús Esparza declara que: “La partida será destinada a inversiones. Me consta que se ha aplicado la subida y no queremos polémica. Solo que todo funcione bien”.
En corto
Dos años. En febrero de 2021 la dirección abandona el centro precedida de las protestas. La nueva gestión asume sus deudas y subroga a las trabajadoras .2023. Siguen denunciando la precariedad laboral.