El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, cree que el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales está más cerca y no detecta ya ninguna “objeción de calado” por parte de la patronal, tras ofrecerle una aplicación más flexible “con todo el colchón anual” de 2025.
Fuentes de CEOE, que no compareció ante los medios, señalaron tras escuchar las palabras del secretario de Estado que en la reunión de ayer se volvieron a negar “absolutamente” a la reducción legal de la jornada, porque es una cuestión que ya se trabaja en la negociación colectiva.
Con este comentario no da muestras la patronal de acercamiento, mientras Trabajo ve próximo un acuerdo de diálogo social “a la altura del alcanzado con la reforma laboral” en diciembre de 2021.
Pérez Rey dijo que en lugar de tener vigentes las 37,5 horas a 1 de enero de 2025, como estaba previsto en el acuerdo del Gobierno de coalición, se puede hablar de una incorporación más flexible a lo largo de todo el año “introduciendo más permisos adicionales o más vacaciones”.
“Hay muchas fórmulas para una incorporación más flexible que pueden contar con la complicidad de los propios convenios colectivos”, añadió Pérez Rey, que prevé que estas cuestiones se concreten en la próxima reunión que han fijado para el lunes 29 de julio.
El secretario de Estado no quiso precisar si este escenario implica renunciar a contar ya en 2024 con la reducción a 38,5 horas –para lo que era necesario contar con un texto legal en agosto–, pero contestó que “no se va a dejar caer un acuerdo por intentar acelerar unas semanas el cierre del texto”. Pérez Rey apeló al consenso porque se está legislado para las próximas cuatro décadas y es importante contar con un cambio efectivo, no “una norma de bisutería”, porque “lo que tiene que pasar a la historia no es la medida, sino el bienestar alcanzado cuarenta años después”.
Junto con el mayor margen temporal para su aplicación, insistió en las otras dos patas del eventual acuerdo, que pasan por garantizar el derecho a la desconexión digital en horario no laboral y por permitir una distribución irregular de las horas máximas anuales en determinados sectores sin que implique más horas extra, lo que irá acompañado de la reforma del registro horario para asegurar su cumplimiento.
Amenaza de movilizaciones
Los sindicatos perciben un “cierto atascamiento” en la negociación y han pedido concretar el mayor margen del que habla el Gobierno “con una transitoriedad tasada y con medidas constatables”, al tiempo que han advertido de que si no hay un avance claro en la mesa del 29 de julio, seguirán negociando pero también convocarán movilizaciones en la calle en septiembre. “Nos vamos a movilizar contra aquellos que dificulten o que impidan que las relaciones laborales en España se adapten al siglo XXI”, dejó claro el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.
Asimismo pidió a la patronal que elija si quiere golear en el equipo de “la España negra y no productiva” o si quiere subirse al carro de las “nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las nuevas productividades y la economía verde”.
EN CORTO
Productividad. Pérez Rey subrayó que este cambio legislativo “no va a hacer perder dinero” a las empresas, y, que, en cambio, “va a espolear la productividad, dinamizando asimismo el país, consiguiendo que las compañías sean más productivas con menos horas de trabajo”. Pérez Rey hizo hincapié en que esta norma sitúa la perspectiva que adopta respecto al futuro del trabajo en el mundo, existiendo la posibilidad de tomar la opción griega, aumentando la jornada hasta los sábados o de la Europa más prospera en materia de derechos laborales.