La Asociación de municipios en áreas de centrales nucleares (AMAC), representada por su presidente, Pedro Sánchez, ha suscrito un protocolo para el desarrollo del proceso participativo del diseño de un convenio de transición ecológica de la zona de Garoña con el Ministerio de Transición Justa y Reto Demográfico, los gobiernos de Castilla y León y del País Vasco y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El protocolo tiene como objeto establecer un marco general de colaboración e intercambio de información entre el Ministerio para la Transición para poner en marcha el proceso participativo de diseño del convenio de transición justa de Garoña, incluyendo la fijación de los objetivos estratégicos para la transición justa que garanticen el crecimiento económico sostenible, bienestar social y empleo de este territorio.
Este convenio permitirá identificar y adoptar medidas para minimizar los impactos negativos sobre la actividad económica, el empleo y la despoblación en el área de influencia de esta central nuclear, como fórmula para garantizar un tratamiento equitativo y solidario a los trabajadores y los territorios afectados.
A la firma del mismo, de forma telemática, asistieron, además de Sánchez; la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia Otaegi; y Carlos Daniel Casares, secretario general de la FEMP, en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El convenio incluirá 27 municipios, de los cuales 24 pertenecen a la Comunidad de Castilla y León, en concreto a las comarcas de Las Merindades, Bureba y Ebro. Los tres municipios restantes están ubicados en Álava: Lantarón, Valdegovía y Ribera Baja. Del total de municipios, 14 pertenecen a AMAC.
Los convenios de transición justa tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo en el territorio a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales o en zonas con instalaciones en cierre y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico.
Estos convenios, que ya se han suscrito en algunas de las zonas dependientes de la industria del carbón y a finales del pasado año el primero en áreas nucleares en la zona de Zorita, implican trabajar en procesos bien diseñados, de modo que se ajusten a las necesidades específicas de los territorios sobre los que se pretende actuar, con amplia participación de todos los actores de la zona. Asimismo, deben aprovechar los recursos del territorio.