El Ayuntamiento de Pamplona tiene sobre la mesa una operación urbanística que contempla el traslado de las sedes de CCOO y UGT al nuevo polígono comercial de la avenida Zaragoza, donde se habilitará un edificio con oficinas para acoger al personal y las dependencias de ambos sindicatos.
Se trata de una operación compleja a tres bandas entre el Ministerio de Empleo, como propietario del edificio que CCOO y UGT comparten desde 2003; los promotores, que han encargado la gestión a una consultoría de Pamplona; y el Ayuntamiento, que ya ha hecho su parte poniendo a disposición del proyecto un terreno que cumple con los requisitos necesarios.
La parcela en cuestión ha estado en el centro del debate municipal en las últimas semanas, aunque por otro motivo.
Es la misma donde está previsto instalar una nueva gran superficie comercial, que rechazan las asociaciones de comerciantes y vecinales por el efecto que tendrá en el tejido productivo y social de Azpilagaña, Milagrosa e Iturrama y del resto de la ciudad.
También se han opuesto los grupos municipales de EH Bildu y Geroa Bai, por el mismo motivo que los comerciantes y por no contemplar el proyecto la construcción de vivienda pública.
El Ayuntamiento, con el voto de Navarra Suma y PSN, aprobó en el Pleno del 6 de mayo la modificación del Plan Municipal que ha dado luz verde al proyecto, al incluir un nuevo uso global para la parcela –el de oficinas– que se añade al uso comercial ya determinado.
El terreno tiene una superficie de 59.467 metros cuadrados y se ubica entre Pamplona y Galar, junto al centro de atención animal y la nueva gasolinera que conecta la calle Sadar y la avenida de Navarra.
Elsario SL y Jamyda Patrimonios SL presentaron al Ayuntamiento 3 propuestas. Una de ellas contempla dos parcelas comerciales (de 3.175 y 2.933 metros cuadrados), una residencia comunitaria en una parcela de 9.100 metros cuadrados; y un edificio de oficinas en la parcela de 5.000 metros cuadrados.
Es aquí donde se trasladarían las sedes de CCOO y UGT en el caso de que haya acuerdo en la otra pieza del puzle y fructifiquen los contactos que se mantienen sobre el futuro del edificio que ahora ocupan las 2 organizaciones sindicales, que pese a encontrarse bastante adelantados, todavía están sin cerrar.
La decisión corresponde al Estado, que previamente deberá consensuar con los promotores del proyecto la tasación del edificio y el coste de la construcción de las nuevas sedes, que seguirían en manos del patrimonio del Estado tras la operación de permuta.
Si hay acuerdo, los sindicatos se trasladarían a las nuevas oficinas y los promotores se harían con la propiedad del edificio una vez satisfechas las compensaciones que se determinen.
Fuentes conocedoras de la operación han asegurado a este periódico que el Estado conoce el proyecto desde hace tiempo. Recientemente, desde el Ministerio se han puesto en contacto con los dos sindicatos en Pamplona para conocer su opinión ante el eventual traslado a la parcela de la avenida Zaragoza.
CCOO y UGT han dado el visto bueno al cambio de sede, aunque no se han generado demasiadas expectativas ya que no es la primera vez que se plantea esta posibilidad. La última fue hace 3 años y cuando parecía que el rompecabezas encajaba, la operación finalmente se frustró.
Aunque la decisión no depende de los sindicatos, el cambio de sede se ha convertido en una cuestión prioritaria con el paso de los años, dadas las malas condiciones que presenta el edifico que ocupan, cuyas instalaciones de luz, calefacción y telecomunicaciones datan de hace 65 años; un mantenimiento deficiente y sin mejoras desde hace tiempo.
Concebido por el arquitecto Domingo Ariz Armendáriz, también responsable del mercado del II Ensanche, es un edificio que se ajusta a rajatabla con el diseño austero y monumental de la época franquista.
Su construcción comenzó en 1951, junto a las que había sido la estación del Irati, y se terminó en 1953, aunque fue oficialmente inaugurada el 30 de abril de 1954.
El edificio fue la antigua Casa Sindical que albergó al sindicato vertical de la dictadura, que reunía en una sola organización a patronos y trabajadores de cada gremio.
Es el Ministerio de Empleo, a través de la mesa de patrimonio sindical, quien gestiona estos bienes propiedad del Estado y conforme establece la Constitución cede su uso a las organizaciones sindicales y empresariales.
En Pamplona, la situación de las sedes de CCOO y UGT es similar a la de ELA, cuyas oficinas en la calle Iturralde y Suit también son propiedad del Estado. En el caso de la CEN, la organización empresarial asumió el coste de construcción de su sede, que se levanta sobre un solar público.