Política

Tres colectivos protestan en pañales contra los recortes sociales ante la delegación del Gobierno vasco en Bilbao

Berri-Otxoak, Kakitzak y AHT Gelditu creen que los Presupuestos vascos de 2025 no contemplan el contexto de inflación y crisis económica y socio-sanitaria
Varios manifestantes en pañales protestan contra los recortes sociales ante la delegación del Gobierno vasco en Bilbao. / Plataforma Berri-Otxoak

Los colectivos Berri-Otxoak, Kakitzak y AHT Gelditu se han concentrado este jueves en pañales ante la delegación del Gobierno vasco en Bilbao para protestar contra los recortes sociales incluidos en los Presupuestos vascos para 2025 y denunciar "el despilfarro en gasto militar y obras faraónicas" con dinero público.

Varios de los concentrados, que solo llevaban puestos unos pañales, han portado carteles con sus reivindicaciones y la protesta se ha desarrollado bajo el lema 'Así nos dejan los recortes'.

Mediante esta movilización, han querido criticar "las insuficientes partidas presupuestarias dedicadas a revertir los recortes en sanidad, vivienda, prestaciones sociales y educación, en un contexto de crisis económica y socio-sanitaria e incrementos alarmantes del coste de la vida".

Los activistas han denunciado que los presupuestos aprobados para el año 2025 en la CAV "suponen recortes sociales mientras, al mismo tiempo, se despilfarran cientos de millones de euros en obras faraónicas y gasto militar".

La iniciativa ha unido a activistas contrarios al tren de alta velocidad (TAV), antimilitaristas y defensores de los derechos sociales, para manifestar que los presupuestos "no contemplan el contexto de alarmante inflación, crisis económica y socio-sanitaria que atraviesa la ciudadanía"".

En su lugar, han subrayado, "contienen múltiples recortes en las partidas destinadas al gasto social, como sanidad, vivienda, prestaciones sociales o educación", cuando "garantizar una vivienda, sanidad y educación universales y de calidad, y acabar con la pobreza existente en nuestra sociedad, debería ser una opción política y presupuestaria".

Estos recortes contrastan para estos colectivos con los datos reflejados en la última encuesta de pobreza y desigualdades, que señala que "un tercio de la población se encuentra con serias dificultades para llegar a fin de mes", han recordado.

A su juicio, "el Gobierno vasco aplica recortes al acceso a una vivienda o prestaciones sociales dignas suficientes pese a que el 7,6 % de hombres (80.000) y el 12,3 % de las mujeres en el País Vasco (139.000), es decir, 219.000 personas, se encuentran en situación o riesgo de pobreza" lamentan, al tiempo que subrayan que "el 62 % de las personas con serias dificultades para llegar a fin de mes en Euskadi, en total 304.000 personas, son mujeres (187.000)".

En cuanto a la pobreza infantil, crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7 % de la población menor de 14 años, lo que permite estimar que 92.000 niños y niñas están en Euskadi "en peligro de pobreza o exclusión social, principalmente en hogares encabezados por mujeres", han señalado.

Estos recortes, han criticado, "se producen cuando se vulnera el derecho a una vivienda digna; y cuando a las familias en proceso de desahucio no se les garantiza una alternativa habitacional como obliga la Ley de Vivienda del Gobierno vasco y los protocolos de actuación suscritos entre las diferentes administraciones vascas".

Estos colectivos de antimilitaristas, activistas contra el TAV y de defensores de los derechos sociales han subrayado que "mientras se recortan las partidas dirigidas a gasto social, se destinan al conjunto de las obras del tren de alta velocidad 67 millones de euros y 18 millones más para la Variante Sur Ferroviaria".

Además, han proseguido, "el Gobierno español ha consignado, a través de ADIF-Alta Velocidad, 181 millones de euros y sigue consignando 100 millones de euros en subvenciones a la industria militar vasca".

Esta, a su entender, "dilapidación de recursos" destinados al TAV y gasto militar "no compensa necesidad alguna de la sociedad, pero sí supone un derroche cuando se necesitan más escuelas, viviendas públicas, servicios sociales, hospitales o prestaciones para las familias en situación de precariedad y pobreza, en un contexto de crisis e incremento de los precios de recursos básicos como alimentos, energía, alquileres e hipotecas", han concluido.

27/12/2024