TSJ de Madrid pide al Supremo investigar al fiscal general por el caso del novio de Ayuso

El Tribunal Superior Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido enviar al Tribunal Supremo la causa por presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al apreciar indicios de delito en el fiscal general, Álvaro García Ortiz.

El juez instructor de la causa, Francisco José Goyena, ha decidido el archivo de la misma en lo que respecta al fiscal Julián Salto y continuarla respecto a la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal general, quien al ser aforado solo puede ser investigado por el Supremo.

Por ello, Goyena remite una exposición razonada al alto tribunal en la que recuerda que el propio fiscal general asumió la responsabilidad de haber ordenado la publicación de una nota de prensa -el pasado 14 de marzo- con datos de González Amador.

Esa nota aclaraba extremos de la investigación al empresario González Amador por un presunto fraude a Hacienda y de su propuesta de llegar a un acuerdo con el fiscal Salto para reducir su eventual condena ante informaciones que apuntaban a que el pacto lo habían ofrecido los fiscales y no el empresario, como había ocurrido en realidad.

En su exposición razonada el magistrado del TSJM recuerda que abrió diligencias el pasado 14 de mayo tras recibir la querella del novio de la presidenta regional contra Pilar Rodríguez y Julián Salto, y otra del Colegio de la Abogacía de Madrid, y dictamina que "hasta el momento y con la provisionalidad que supone el estado procesal en que nos encontramos" ve "validados los hechos denunciados" por la publicación de la nota de prensa.

Considera que la nota "contiene una exhaustiva, minuciosa y detallada narración, descripción y secuencia de los hechos, datos y circunstancias relativos a las diligencias de investigación" sobre González Amador y "aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la Prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo".

"La alegada justificación que se esgrime para la difusión de la Nota, podría haber tenido otro formato y contenido, que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse", añade.

Explica el juez que, como argumenta en un auto firmado también este lunes, la participación en los hechos del fiscal de asuntos económicos, Julián Salto, es "meramente instrumental y sin relevancia penal" y por eso decreta para él sobreseimiento libre.

En concreto en el citado auto el magistrado relata que Salto "simplemente se limitó a remitir a instancias de su superior", que es la fiscal jefe de Madrid, "los datos y correos electrónicos del asunto que se dirigía contra don Alberto González y que había intercambiado con su letrado defensor".

Y sostiene en cambio que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, sí debe de seguir investigada porque "su actuación, en principio, va más allá, y así se hace referencia al previo concierto para la elaboración de la nota informativa con el fiscal general del Estado", al que remitió esos datos.

La exposición razonada pone de relieve que sería necesaria la declaración del fiscal general sobre un asunto sobre el que "no es ajeno", y recuerda que el 15 de abril García Ortíz hizo una declaración institucional en la que asumió su responsabilidad, lo que también hizo en un escrito que remitió el 11 de junio al TSJM, y al ser aforado la competencia es del Supremo.