La transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, para que las instituciones vascas puedan gestionar y pagar las prestaciones desde una ventanilla propia y más cercana a la ciudadanía, es la más compleja desde el punto de vista político en el listado de 29 competencias que aún tiene que asumir la comunidad autónoma. Precisamente por ello, el Gobierno vasco ha comenzado a adelantar el trabajo y a elaborar todos los informes y la documentación previa que servirán para presentar más adelante una primera propuesta al Gobierno español de Pedro Sánchez. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha revelado este martes que el Ejecutivo vasco ya ha "activado internamente" este traspaso, lo que significa que los departamentos implicados están recabando todos los datos pertinentes. La intención es que, como este asunto va para largo y es muy complejo, al menos esté hecha ya la parte vasca del trabajo. Esta y el resto de las competencias tienen que llegar en algo más de un año, porque el PNV acordó con Pedro Sánchez a cambio de la investidura del presidente español que el proceso culminara en dos años, y en noviembre se cumple un año desde la firma de ese pacto.
La consejera ha comparecido este martes en comisión en el Parlamento Vasco para explicar las líneas maestras de su departamento para esta legislatura. Ubarretxena ha confirmado que está trabajando con el Ministerio de Ángel Víctor Torres para convocar por primera vez en la historia la Comisión Permanente antes de que finalice octubre, un foro que servirá para abordar el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika con sus 29 competencias, y para abordar otros asuntos de la agenda vasca. Confirmó también que ya han comenzado las reuniones técnicas con el Gobierno español para cerrar una "propuesta final" sobre seis de esas materias, que están "más avanzadas": ordenación y gestión del litoral, donde se espera un acuerdo antes de fin de año; autorizaciones iniciales de trabajo para las personas extranjeras, salvamento marítimo, meteorología, Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo para la salud laboral, y el fondo de protección a la cinematografía. El Gobierno vasco ya redactó hace tiempo unas propuestas y esos documentos están encima de la mesa del Estado. La consejera ha reivindicado una de las consignas clásicas del PNV, que un mayor autogobierno supone un mayor bienestar y una gestión más cercana a la ciudadanía.
"Por supuesto, avanzando y sin dejar atrás las demás competencias, las otras 23, ya que, por ejemplo, la de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, una de las más complejas, ya la hemos activado internamente. Otra de las competencias que también quiero destacar es la importancia de materias tales como aeropuertos y puertos de interés general. Hablamos de unas infraestructuras y servicios en los que la implicación de Euskadi supondrá un salto cualitativo directo de las aspiraciones de nuestro territorio, de su industria y de su ciudadanía. Tenemos mucho trabajo por delante pero también firmeza y voluntad política para conseguir que Euskadi vea cumplido el Estatuto de Gernika", defendió.
Conflictos competenciales y nuevo estatus
Ubarretxena añadió que su departamento seguirá trabajando para evitar la judicialización de las competencias transferidas, es decir, los conflictos con el Estado ante el Tribunal Constitucional o con partidos políticos que cuestionan las transferencias o la capacidad de Euskadi para legislar dentro de sus atribuciones. "No vamos a dar ningún paso atrás y vamos a materializar las competencias pendientes de ser transferidas para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika", avisó. Denunciará "toda" invasión competencial, y defenderá la capacidad de las instituciones vascas para desarrollar legislativamente las competencias.
Además, la consejera volvió a repetir, como ya hizo el lehendakari Pradales, que su departamento se pone a disposición de los grupos si necesitan la ayuda o la colaboración del Gobierno para alcanzar un nuevo pacto con el Estado con el objetivo de ampliar el autogobierno pero, a partir de ahí, la comisión entró en bucle: sus socios del PSE se revolvieron de nuevo y dijeron que ese pacto debe ser "un nuevo Estatuto y no un nuevo estatus" y que este punto ni siquiera está entre los cometidos del Gobierno de coalición porque corresponde al Parlamento, mientras que EH Bildu corrigió al PSE pidiendo un "nuevo estatus" y apretando con la mayoría abertzale. Aunque las posiciones de salida son de máximos, el PNV aspira a un consenso amplio.
Menos burocracia, cinco leyes...
Pero la intervención de la consejera fue mucho más amplia de lo que parecía sugerir el atasco con el nuevo estatus. Así, anunció que "los modelos de gestión de lo público han de ser revisados" con el objetivo de suprimir la burocracia, agilizar los trámites, y que la administración sea más cercana. Aunque el "objetivo principal" de su departamento es cumplir el Estatuto en su totalidad y buscar un nuevo pacto con el Estado para ampliar el autogobierno, puso sobre la mesa otras medidas como impulsar una ventanilla única de la administración en colaboración con las instituciones locales para que los trámites sean más sencillos, estabilizar las plazas de empleo público para que la tasa de interinidad se sitúe por debajo del 8% y con objetivos como consolidar a 3.400 trabajadores de la administración general antes de que acabe el año, negociar una nueva etapa de ofertas públicas de empleo con los sindicatos, y aprobar cinco leyes.
En ese sentido, anunció la Ley de Transparencia (este es un objetivo que lleva coleando varias legislaturas, un dato que utilizó EH Bildu para cuestionar que exista una voluntad real), la de Agilización y Simplificación Administrativa para reducir la burocracia, la de Supresión del Colegio de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Bilbao, la de Consolidación e Integración del Derecho Civil Vasco y la de Especialidad en Materia de Derecho Patrimonial Vasco y Defensa del Patrimonio y la Empresa familiar. "Con estas leyes favoreceremos, por ejemplo, el relevo generacional en actividades económicas como el primer sector o el sector de los servicios o que las empresas de Euskadi puedan mejorar el arraigo en el territorio y tengan nuevos instrumentos para evitar su deslocalización", dijo. A ellas se sumarán dos propuestas tramitadas como decreto en la pasada legislatura, que se elevarán a rango de ley para la creación de colegios de criminólogos y ambientólogos. Añadió otras metas, como aumentar el nivel de conocimiento de euskera de los trabajadores públicos y dar facilidades para ello.