La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley mordaza, afronta un paso decisivo en su tramitación con más de cuarenta cambios pactados por la mayoría parlamentaria pero con las mismas cuatro "piedras" que los grupos no han sido capaces de despejar del camino y que están a punto de frustrar la llegada a la meta de la nueva norma.
El pasado 1 de febrero la iniciativa conseguía no quedarse atascada en ponencia y, gracias al apoyo de ERC, el informe del bloque favorable a la modificación -PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Junts y Eh Bildu- lograba pasar a la Comisión de Interior, donde se debatirá el próximo martes y donde podrán incorporarse más retoques.
Que la reforma supere también este penúltimo paso y llegue al pleno del Congreso se antoja complicado por el momento, pues los cuatro puntos nucleares que no se han tocado -material antidisturbios, faltas de respeto a los agentes, desobediencia y devoluciones en caliente- condicionan el respaldo necesario de ERC, Junts y EH Bildu, ya que el proyecto solo puede salir adelante con 176 síes.
La reforma al filo del fracaso
Fuentes socialistas consultadas reconocen que el acuerdo es "muy difícil". Argumentan que han sido "generosos" con las reivindicaciones de ERC, EH Bildu y Junts, pero dejan claro que no están dispuestos a desproteger a las fuerzas de seguridad con la prohibición de las pelotas de goma o con desvirtuar la autoridad de los agentes en materia de respeto y desobediencia.
"Hemos avanzado mucho en la protección y ampliación de derechos fundamentales para los ciudadanos como el de manifestación y expresión. Sería una pena que la ley encallara por asuntos como el empleo de material antidisturbios", lamenta un diputado socialista.
Aspectos más lesivos desaparecerían
A este análisis se suman Unidas Podemos y PNV, que también se han afanado en explicar el trabajo "titánico" realizado junto con los otros tres partidos para conseguir una nueva ley que, en su opinión, ha borrado los aspectos que consiguieron rebautizarla como ley mordaza que el PP aprobó por mayoría absoluta en 2015.
Por esta razón, ven con algo de más optimismo que salga adelante. Para el portavoz de Unidas Podemos en la tramitación de la reforma, Enrique Santiago, el martes es el "momento definitivo" para que cada grupo deje claras sus prioridades y asuma con "responsabilidad" su decisión.
No mover ficha, ridículo para el PNV
En el PNV, impulsor de la proposición de ley, tildan de "ridículo" el empeño de algunos. "Para nadie va ser el cien por cien de como quisiera la futura ley, pero hay que saber dónde se está y qué es lo que se tiene", apostillan.
No lo ven así quienes no ceden de momento con el argumento de que precisamente los aspectos más lesivos, como son las multas por faltas de respeto a los policías quedan intactas, mientras tampoco se prohíben las devoluciones en caliente de inmigrantes.
Fuentes de ERC indican que esperan que el martes haya alguna propuesta nueva que "incentive" su voto, pero avisan de que la reforma puede "morir" en comisión. Desde EH Bildu no se alejan de esa posibilidad y reiteran que la reforma planteada es una "ley mordaza bis o light".
Los acuerdos modificarían el 60% de la ley
En total, el grupo de trabajo ha "retocado" 36 de los 54 artículos e incorporado casi una decena de disposiciones adicionales sobre la base de la iniciativa que el PNV presentó en 2017, que se quedó congelada por las elecciones dos años después y que finalmente se rescató a finales de 2020.
Según un documento de trabajo elaborado por Unidas Podemos, los principales cambios acordados hasta el momento y que llegan cerrados a la comisión a través de unas 40 enmiendas transaccionales y otra decena de parciales son los siguientes:
Principales cambios
1.- La nueva Ley de Seguridad Ciudadana sustituye en su artículo 1 la expresión "tranquilidad ciudadana" por "convivencia ciudadana", con el objetivo de dotar al texto de un enfoque "progresista".
2.- La ausencia de comunicación previa no impedirá el ejercicio del derecho de reunión siempre que sea de forma pacífica. En la vigente ley estas protestas espontáneas eran sancionadas como infracción leve, de 100 a 600 euros.
Dejarán de ser infracción grave las manifestaciones que provoquen "perturbación grave de la seguridad ciudadana" frente al Congreso, el Senado o las asambleas autonómicas.
3.- Se eliminaría de la norma de 2015 el criterio absoluto de "veracidad" de los agentes para sustituirlo por la exigencia de "lógica, coherencia y razonabilidad" en declaraciones y atestados.
4.- Los tiempos de identificación en dependencias policiales cambian. Además de practicarse de modo "excepcional", serán un máximo de dos horas, salvo causa "justificada y verificable", que podrá prolongarse hasta seis horas.
5.- La mera grabación y difusión de imágenes de actuaciones policiales no será sancionable, una modificación "impuesta" por el Tribunal Constitucional que en noviembre de 2020 no avaló este precepto. De salir adelante, solo será infracción grave cuando esas imágenes afecten a la intimidad o seguridad de los agentes.
6.- El uso de cámaras de videovigilancia policial en la vía pública deberá hacerse constar en cada atestado.
7.- Se restringiría respecto a la norma actual la posibilidad de multar subsidiariamente a organizadores de manifestaciones cuando se produzcan altercados. Estarán exentos de responsabilidad si han adoptado las medidas de seguridad previstas.
8.- Se introduce el concepto de "conciliación", es decir, se podrá sustituir la multa o reducirla si hay acuerdo entre el autor y el perjudicado, además de abrir la puerta a una actividad reparadora. Estas medidas se potenciarán si el infractor es menor.
9.- La tenencia de cannabis pasará de ser infracción grave -multada con entre 601 a 30.000 euros- a leve -de 100 a 500 euros. El cultivo de estas plantas en balcones solo se podrá sancionar si es accesible al público.
10.- Se reduce el importe de las multas en función de los ingresos del sancionado con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De esta forma, para quienes cobren hasta 1,5 veces el SMI, la reducción será del 50 % sobre el importe, en tanto que los que tengan un salario de entre 1,5 y 2,5 el SMI la rebaja será del 25 %.