“Un acto de justicia” casi 50 años después

Dos años en la antigua cárcel de Pamplona. Este es el tiempo que estuvo José Manuel Bujanda a la espera de pasar ante el Tribunal de Orden Público (TOP), juicio que finalmente tuvo lugar en 1976. Hasta llegar a aquella sala, con 22 años, inició una “pequeña turné por las prisiones de Burgos, Valladolid y Valencia hasta llegar a la de Carabanchel”, recuerda. Ya en prisión reconoció los delitos que se le imputaban: pertenencia a banda armada, depósito de armas, voladuras de varios coches de empresarios, colocación de ikurriñas, lanzamiento de cócteles molotov y pintadas, entre otros cargos.

Allí coincidió con el historiador Josu Txueka. “En mi caso no hubo juicio, pero se me detiene y encarcela por un delito que en el resto de Europa no existía”, subraya. Estuvo acusado de propaganda ilegal, una acusación que estuvo “refrendada con documentos para darle base jurídica”. Por este motivo, define como “un acto de justicia” tener acceso a documentos oficiales que “atestigüen lo que hemos pasado”. Antes de que se promulgase la Ley de Amnistía de 1977, fue puesto en libertad provisional gracias a que “hubo pequeños indultos”.

Bujanda sí fue enjuiciado. Cuando llegó el día del juicio, afirma este donostiarra padre de dos hijas, eran “alrededor de cinco las personas” con las que se sentó ante el tribunal. Él era quien más condenas acumulaba: dos de 17 años, cada una. Siempre reconoció los hechos. “En el piso franco en el que me pillaron encontraron explosivos, cuerda detonante y panfletos”. Esta fue la primera causa que me imputaron, la segunda estaba relacionada con un motín en la cárcel de Iruña.

“Yo era amigo de Txiki, al que fusilaron antes de morir Franco, y nos amotinamos. Nos encerramos en el último piso, sacamos unas ikurriñas, gritamos y cantamos el Eusko Gudariak”. Todos los implicados fueron trasladados a una celda de castigo e iniciaron una huelga de hambre. Txueka y Bujanda coinciden en señalar que como “Franco se iba a morir”, tenían la intuición de que aquello “no podía durar mucho más”.

El motín

En aquel motín, como ya había hecho al ser detenido, Bujanda dio un paso al frente: “Asumí la responsabilidad de haberlo organizado porque era cierto. Era consciente de que me correspondían otros 17 años de prisión”. Relata cómo fue en 1974 cuando entró en contacto con ETA y le detuvieron tras intentar “reestablecer la organización en Nafarroa, que acababa de sufrir ‘una caída’”. “Tiraron del hilo y me pillaron”, afirma. Sobre el día del juicio, recuerda tener en la cabeza el vídeo del Consejo de Burgos de 1970. “Quería romperlo como hizo (Mario) Onaindia pero no lo hice por mis compañeros”. Así se lo recomendó su abogado y amigo Juan Mari Bandrés, quien le dijo que si lo hacía iba a “fastidiar a los demás”. La protesta fue individual. Bujanda entró en la sala luciendo kaiku verde y txapela.

Ahora cuando lo piensa, le entra la risa. Además del juez José F. Mateu, relata que estaban el fiscal, su abogado, familiares y amigos de todos los procesados. “Nada más verme Mateu me pidió que me quitase ‘el gorro’ pero me pasé todo el juicio con el kaiku puesto”. Mientras avanzaba la sesión, solo quería enlazar su mirada con “la del aita y la ama”, recuerda emocionado.

Tiene desdibujada la cara del magistrado que le condenó a 34 años de prisión. Entre las imágenes, sobrevuela ese “abrazo breve pero intenso” que le permitió dar a sus padres tras ser sentenciado. Bujanda volvió a la cárcel de Carabanchel. “Con la ley de amnistía al principio salieron los menos malos, yo tuve que esperar un poco más pero tuve suerte”.

Esta es una de las muchas historias a las que hace referencia la documentación que espera digitalizar en los próximos meses Gogora. Tras la firma, este pasado martes, de un acuerdo con el Ministerio de Cultura, el instituto digitalizará los sumarios contra vascos del Tribunal de Orden Público. Txueka asegura que el volumen de documentación del TOP es de “millones de documentos” porque “cualquier incidente de ‘orden público’ era recogido en un expediente”. Un delito de reparto de propaganda ilegal, estima, era anotado en un expediente de 80 hojas. “Los sumarios más grandes con quince implicados pueden superar los 2.000 folios”, especifica. En este último supuesto se enmarcaría el proceso de Bujanda.

El historiador confía en que como “persona afectada” pueda acceder personalmente a los archivos. Aunque tiene dudas sobre cómo van a poder acceder investigadores como él. Más aún cuando, según denuncia, son frecuentes las trabas a la hora de acceder a materiales ligados a la historia de los represaliados vascos. Las más inhóspitas, tener que copiar a mano la documentación o tener limitar el acceso “a 60 páginas por día”. Se escudan, critica, en la Ley de Protección de datos y en la de Secretos Oficiales. “Seguimos sin saber la cantidad de personas encausadas por pertenecer a un sindicato, por escribir un libro… la historia se ha escrito con trazo grueso”, sentencia.