Un año de la derrota más dulce de Pedro Sánchez

Mañana martes se cumple un año de las elecciones generales que permitieron a Pedro Sánchez seguir, contra pronóstico, en el palacio de La Moncloa. El presidente del Gobierno español decidió adelantar los comicios, previstos inicialmente para diciembre de 2023, debido a los malos resultados cosechados por su partido en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

La mayoría de los sondeos auguraban una amplia victoria del PP, por encima de los 140 escaños y el 34,5% de los votos, con un PSOE que perdía 14 diputados respecto a 2019. La suma de los partidos de derechas, PP y Vox, se situaba por encima de los 176 escaños que marcan la mayoría absoluta.

Sin embargo, la realidad fue bien distinta para alegría de Sánchez. El candidato del PSOE consiguió dar la vuelta a las encuestas y escribir un nuevo capítulo de su manual de resistencia. El PP se proclamó vencedor de los comicios con 137 escaños y el 33,06% de los votos, seguido del PSOE con 121. Vox fue tercero con 33 diputados y el 12,38% de los votos.

A pesar de ser la segunda fuerza política, Pedro Sánchez no ocultó su satisfacción tras conocer los resultados. “El bloque involucionista de PP y Vox ha salido derrotado”, declaró desde el exterior de la sede socialista en Ferraz, dando por hecha la investidura.

La suma de PP y Vox se quedó a seis escaños de la mayoría absoluta mientras que el PSOE y Sumar tenían en su mano conseguir la investidura. Para lograrlo, además de contar con el apoyo de sus socios en la pasada legislatura, necesitaban el apoyo de Junts per Catalunya.

Negociación de la investidura

Tras asegurar durante la campaña que no tenía cabida en la Constitución, la amnistía se convirtió en el eje central de la negociación con ERC y Junts. Ambos partidos consideraban la ley una exigencia clave para apoyar al candidato socialista. El 28 de octubre marcó un antes y un después en el camino de Pedro Sánchez hacia La Moncloa. Tras alcanzar un acuerdo con Sumar para reeditar el gobierno de coalición, Sánchez defendió sin ambages la amnistía frente a la plana mayor del PSOE. “En defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Catalunya por los hechos acaecidos en la década pasada”, fueron sus palabras.

Dos días más tarde, el 30 de octubre, se dio un paso muy importante. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, viajó a Bruselas para negociar con Carles Puigdemont el acuerdo de investidura. Todo hacía pensar que el pacto entre los socialistas y Junts estaba cerca, pero la negociación encalló por diferencias entre ambas formaciones sobre “cuestiones técnicas muy concretas” de la amnistía. Surgieron entonces los nervios en las filas socialistas y largos días de negociaciones sin descanso.

Los acontecimientos se precipitaron y el foco de atención pasó de Bruselas a Barcelona, hasta donde se desplazó el ministro de la Presidencia y uno de los negociadores del PSOE, Félix Bolaños, para cerrar con el líder de ERC, Oriol Junqueras, un acuerdo que incluía, además de la ley de amnistía, el traspaso de Cercanías y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Catalunya.

Mientras, la calle se calentó y, frente a la sede del PSOE en Ferraz, comenzaron a producirse concentraciones en las que se cargó duramente contra Pedro Sánchez. El 9 de noviembre, en un ambiente de máxima crispación, el PSOE y Junts cerraron el pacto que garantizaba la investidura de Sánchez. Un día más tarde, el PSOE oficializó el acuerdo con el PNV que arrancó el traspaso de todas las competencias.

El 15 y 16 de noviembre tuvo lugar la sesión de investidura. En su discurso, Pedro Sánchez volvió a defender la ley de amnistía. “La amnistía que planteamos es perfectamente legal. No será un ataque a la Constitución del 78, sino todo lo contrario, una muestra más de su fortaleza y vigencia”. A pesar de contar con buena parte del hemiciclo en su contra, Pedro Sánchez fue elegido presidente con 179 votos a favor y 171 en contra.

Legislatura convulsa

Las dificultades de Sánchez para conseguir los votos que le han permitido seguir en La Moncloa y las cesiones a los partidos independentistas en Catalunya hacían presagiar una legislatura difícil, que el paso de los meses ha terminado por corroborar.

El presidente del Gobierno español y el PSOE han tenido que sudar tinta para conseguir aprobar una ley de amnistía que cumpla con las altas exigencias de ERC y Junts. Así, tras meses de negociaciones, el Congreso dio luz verde el 30 de mayo a una ley que beneficia a todas las personas con cargos judiciales involucradas en el procés.

No ha sido el único contratiempo al que ha tenido que hacer frente Sánchez en este año. El 20 de febrero fue detenido Koldo García Izaguirre, asesor del exministro José Luis Ábalos, acusado de cobrar comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia del covid-19. Ante la magnitud que empezó a tomar el caso, el PSOE decidió expulsar del partido a Ábalos, que continúa como diputado en el Grupo Mixto.

El 24 de abril, Pedro Sánchez publicó una carta en sus redes sociales en la que anunciaba una reflexión sobre su continuidad en la presidencia, después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias tras las denuncias del seudosindicato Manos Limpias sobre su esposa, Begoña Gómez, por un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Cinco días más tarde, Sánchez comunicó su decisión de seguir al frente del Gobierno español para “poner freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo”. Lejos de resolverse, la situación de su mujer se ha complicado en las últimas semanas.

El último escollo de Sánchez para seguir en La Moncloa es la situación catalana. El líder socialista busca llegar a un acuerdo con ERC tras las elecciones del 12 de mayo en Catalunya para que el candidato del PSC, Salvador Illa, se convierta en el nuevo president de la Generalitat.