Bruselas – Pasados los ocho días de huracán tras las revelaciones de presunta corrupción vinculada a Catar, la pregunta que resuena entre parlamentarios y asistentes coincide: ¿qué ha fallado para que una trama así haya puesto patas arriba al Parlamento Europeo?
En la Eurocámara se comparten diagnósticos sobre ataques de regímenes autoritarios contra la democracia o de ONG que campan a sus anchas sin que nadie las controle, pero expertos en transparencia e integridad institucional recriminan la elusión de responsabilidad.
“Es una construcción muy populista de la narrativa donde el responsable nunca somos nosotros sino los países terceros que nos hacen lobby o las ONG que son vehículos de influencia externa. Nunca los políticos”, advierte Alberto Alemanno, profesor en Derecho de la Unión Europea en HEC Paris y fundador de The Good Lobby. “Esto ha sido posible por la falta de transparencia, de rendición de cuentas y de vigilancia de que se cumplen las normas, que son demasiado débiles”, resume Hans van Scharen desde Corporate Europe Observatory, organización que explora los grupos de presión en la UE y la influencia en Bruselas de regímenes represivos.
Coincide con ellos Raphaël Kergueno, de Transparencia Internacional, que asegura que se le advirtió al Parlamento de que esto podía suceder y que, ante la “ausencia de una cultura de la integridad”, en su organización “sorprende la magnitud del escándalo, pero no el hecho de que haya sucedido”.
ESCASO SEGUIMIENTO
Los eurodiputados están sujetos a un código de conducta y a las normas de la institución, pero la única persona con capacidad de hacer que se cumpla es la presidenta, actualmente Roberta Metsola, con capacidad de iniciar una investigación o sancionar. Si se investiga, el caso se deriva a un comité consultivo formado por cinco eurodiputados con, lamenta Alemanno, escasos recursos o capacidad de poder investigar.
“El control es político, no tienen un mandato jurídico. Negocian entre ellos la intensidad de la investigación y de la sanción”, señala. “Tienen un informe anual y nunca nombran personas concretas”, añade Kergueno, que cree que esto conduce a que “no haya consecuencias por romper el código”. “Por supuesto que no todos los eurodiputados son corruptos”, subraya, “pero hay una evidente sensación de impunidad”.
MARCO DE TRANSPARENCIA
Los tres expertos ponen la lupa en la información de las reuniones entre diputados y grupos de interés, que solo los responsables de un dossier concreto están obligados a hacer pública. No es el caso para el resto de diputados o para los miles de asistentes de la institución.
Van Scharen, que fue diez años asistente, reconoce que es una tarea burocrática que “puede ser pesada” para quien recopila todas las reuniones, pero incide en que “es el precio a pagar por trabajar para la gente que te ha votado”. l
EN CORTO
Pocas reglas
PUERTAS GIRATORIAS. La figura de Pier Antonio Panzeri, el exparlamentario identificado en el centro de la trama, evidencia la necesidad de controles al final de los mandatos para evitar casos de puertas giratorias.
TRABAJOS PARALELOS. El caso de la también imputada Eva Kaili, que además de vicepresidenta era miembro de una decena de organizaciones, abre según los expertos la “caja de Pandora” de los trabajos paralelos que los diputados pueden ejercer, como abogados o consultores.