La confirmación a esta labor fiscalizadora la ha anunciado la consejera Arantxa Tapia en sede parlamentaria
El Gobierno Vasco está trabajando en la creación de un equipo de inspectores específico, que trabaje única y exclusivamente para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que entre otras medidas contempla la transparencia en la formación del precio de las uvas y del vino, entre otros.
Así lo ha confirmado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, a una pregunta parlamentaria de Carmelo Barrio, del PP, que había pedido información sobre las garantías en las que trabaja el Ejecutivo autonómico para que se pague a los productores por encima del precio de costes.
Al respecto, señala la consejera que desde el Gobierno Vasco se está trabajando para garantizar precios de compra justos en todos los sectores. Para ello, lo primero es tener los precios de coste de producción de todos ellos, dado que, a día de hoy, no existen datos oficiales registrados que marquen estos precios mínimos. Esto es necesario para que se puedan aplicar medidas correctoras o sancionadoras.
Siendo esto así, desde el observatorio de la Fundación Hazi se está trabajando para obtener todos estos datos, poder oficializar y registrar esos precios de coste mínimos, y así poder tener una herramienta sólida y actualizada de control. Por tanto, el Gobierno Vasco considera vital el desarrollo del observatorio en favor de todos los sectores.
Estudio de la Diputación En este sentido, aunque no se menciona en la respuesta parlamentaria, es importante el estudio hecho público por la Diputación Foral de Álava, tanto a través del diputado general, como por el de Agricultura, donde se cita una banda de precios mínimos para la uva, en esta campaña, entre 0,70 y 0,80 céntimos el kilo.
Junto con esto, también se está trabajando en la creación de un equipo de inspectores específico, que trabaje única y exclusivamente para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Este equipo tendrá como principal objetivo garantizar el control de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, la cual tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector, sino también de los consumidores.
Junto a ello, el nuevo equipo auspiciado desde el Gobierno Vasco tratará de buscar la transparencia en la formación de precios con el fin de conseguir una cadena de valor más justa y equitativa mediante la protección de los operadores que ocupan una posición más débil, en este caso, los agricultores y ganaderos.
Futuro
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