Un estafador reincidente en Pamplona, un octogenario como víctima y 100.000 euros en Seychelles

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una condena de 3,5 años de prisión a un pamplonés por estafar 100.000 euros a un octogenario que había sufrido un ictus años antes que limitaba sus facultades y al que engañó con falsas inversiones de una sociedad radicada en Seychelles. El procesado ya había sido condenado por estafa en 2014.

El anciano llegó a sacar ese dinero en efectivo de su cuenta bancaria, para imputarlo en inversiones en las que el acusado le garantizaba una remuneración del 5% mensual en intereses, sin que en realidad llegara a recibir el dinero. El condenado falsificaba asimismo documentos de entidades financieras para ganarse su credibilidad y se hacía pasar por responsable de una constructora de Pamplona para favorecer dicho engaño.

El acusado fue condenado previamente en la Sección Segunda de la Audiencia, una condena que ya ratificó el TSJN. Ahora el Supremo vuelve a pronunciarse en el mismo sentido y desestima su recurso puesto que “existió engaño previo, pues el acusado, con ánimo de lucro, ofreció a una persona de avanzada edad unos intereses desmesurados por una inversión que le indujeron a error y motivaron un desplazamiento patrimonial de su dinero”.

La víctima de la estafa, nacido en 1930, mantenía cierta relación con un hostelero de Pamplona. Este conocido, que sabía el ictus que había sufrido el anciano y que se mostraba disgustado por sus inversiones en bolsa que le generaban pérdidas, le puso en contacto con un amigo suyo. Su relación se originó al ser profesor de idiomas y dejarle su amigo un local para dar clases. Así que presentó a este como gestor de inversiones y que no era otro que el acusado. El hostelero también fue juzgado en su momento por su intermediación y resultó absuelto.

Interés mensual del 5%

La sentencia resalta que el procesado conoció el perfil de la víctima a través de su amigo y también de que quería obtener un mayor rendimiento del capital, así como de sus limitaciones cognitivas, como consecuencia del accidente vascular que sufrió. Así, “urdió un plan para ganarse su confianza y que le entregara la mayor cantidad de dinero posible sin intención de restituirla”. A tal efecto le llevó a diferentes propiedades de Pamplona afirmando que le pertenecían, le mostró obras públicas que decía que había edificado su constructora, le enseñó escrituras de propiedad y se lo llevó a comer a varios restaurantes.

En cumplimiento del plan le ofreció una inversión de un préstamo por el que obtendría un interés mensual del 5% (2.500 euros) y en el que el hostelero intermediario actuaría como testigo de la operación. Primero, la víctima sacó 50.000 euros de su banco y el acusado firmó un contrato a nombre de un holding internacional en Seychelles del que ponía que era gerente. Luego la víctima pidió más garantías para invertir otros 50.000 euros y el acusado elaboró un documento falso de una entidad italiana para dar más apariencia de verosimilitud a la operación. Volvió a invertir en enero de 2016 y nunca le fue abonada ninguna cantidad como rendimiento.

La resolución confirma además que los 100.000 euros que reclama el anciano constituían su único patrimonio, que necesitaba las cantidades invertidas para el alquiler, la comida y los suministros de su vivienda y que por su avanzada edad también tiene que precisar la ayuda de una persona en las tareas del hogar.