El exdirigente de CDC Víctor Terradellas ha admitido ante el juez que Carles Puigdemont se reunió dos veces con supuestos emisarios del "entorno del Gobierno ruso" que ofrecieron apoyo a una Cataluña independiente, pero ha negado que el expresident le encargara esos contactos y que les diera crédito.
Según fuentes jurídicas, Terradellas ha declarado durante tres horas como imputado ante el juez que investiga el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a fundaciones afines a CDC, entre ellas Catmon e Igman, que administraba junto al diputado de JxCat Francesc de Dalmases.
Un audio hallado en el móvil de Terradellas, grabación de una conversación suya con los excargos de CDC y ERC David Madí y Xavier Vendrell en la que habla de supuestos apoyos en Rusia a la independencia, dio pie a la llamada "operación Volhov", una macro-causa en la que el juez indaga el presunto desvío de fondos al abrigo del procés.
Sobre esas reuniones con emisarios rusos, a una de las cuales asistió la entonces directora de la Coordinación Interdepartamental de la Generalidad, Elsa Artadi, ha versado buena parte del interrogatorio del juez instructor al investigado, quien ha confirmado que los días 24 y 25 de octubre de 2017, días antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), participó en sendas reuniones con Puigdemont y unos supuestos emisarios del "entorno del gobierno ruso" en la Casa dels Canonges, residencia oficial del expresident.
A la primera de las reuniones asistió Sergey Motin, ciudadano ruso ya fallecido que estuvo tratándose en una clínica de Barcelona, y el catalán Jordi Sardà Bonvehí, que estuvo implicado en una presunta estafa con un contrato de venta de gas a Ucrania, mientras que a la segunda acudió el exdiplomático ruso y empresario Nikolai Sadovnikov.
Según ha detallado el investigado, los supuestos emisarios de Rusia aseguraron a Puigdemont que, en el caso de que Cataluña se convirtiera en un estado independiente, podrían ayudar a su financiación mediante criptomonedas y también poner a su disposición 10.000 soldados.
Responsable de Relaciones Internacionales de CDC
Terradellas, que fue responsable de Relaciones Internacionales de CDC, ha recalcado que Puigdemont siguió la reunión con gesto "anonadado" y no dio ninguna credibilidad a los supuestos emisarios rusos, como lo demuestra el hecho de que nunca posteriormente volvió a ver a esas personas. El excargo de CDC, que ha negado que fuera él quien grabara la conversación con Madí y Vendrell acerca de los 10.000 soldados ofrecidos por los rusos, ha reconocido que tras esa reunión viajó a Moscou y se vio con Sadovnikov, pero ha recalcado que se trató de un encuentro por motivos personales.
De hecho, Terradellas ha insistido en que sus tanteos con los rusos obedecían a su interés por la política internacional, pero que las gestiones para contactar con ellos las hizo siempre por su cuenta y riesgo, sin que ni Puigdemont ni otros miembros de su partido le hicieran encargo alguno. Durante la comparecencia, el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado, que se opone a varias de las líneas de investigación abiertas por el juez del "caso Volhov", ha expresado sus reparos al hecho de que el instructor dirigiera su interrogatorio a los supuestos contactos rusos del procés y no al desvío de fondo en subvenciones de la Diputación de Barcelona, motivo por el que formalmente estaba citado Terradellas.
Sobre esta presunta trama corrupta, Terradellas ha negado que las fundaciones que recibieron las subvenciones de la Diputación investigadas sirvieran como "lavadora" para desviar fondos públicos de la corporación provincial ni al procés ni a CDC. El investigado se ha desvinculado, además, de la tramitación de las subvenciones de la Diputación bajo sospecha y se ha escudado que quien las gestionaba en la etapa investigada -los años 2012 y 2013- era Francesc de Dalmases.
Precisamente, el juez instructor elevó el año pasado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que abriera una investigación al diputado de Junts, ante los indicios de que se lucró supuestamente con más de 224.000 euros procedentes de subvenciones para cooperación de la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.
No obstante, la sala civil y penal del TSJC, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, rechazó abrir una investigación y devolvió la causa al juez de Barcelona para que complete la instrucción con más diligencias, ante la falta de concreción de los indicios que aportó contra el aforado.