El exconsejero valenciano Serafín Castellano y otros 16 acusados en el caso del 'cártel del fuego' negocian con el fiscal un pacto para reducir sus posibles condenas por su supuesta implicación en procesos irregulares de adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea.
Las negociaciones se han iniciado este lunes en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde estaba previsto que comenzara el juicio.
Sin embargo, como las reuniones de los abogados defensores con el fiscal se alargaban sin que cerraran un acuerdo el tribunal ha decidido aplazar la vista a este martes.
Reducción de condena
La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales 21 años de prisión para quien fuese conseller entre 1999 y 2014, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y dirigente del PP valenciano, por presuntos delitos de cohecho, malversación o asociación ilícita.
El juez que investigó el caso le procesó junto a otros acusados, entre ellos otros cargos de la Administración valenciana y de la Generalitat de Cataluña así como empresarios ante los indicios de la existencia de una presunta organización criminal que se habría concertado para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación.
Según los cálculos del juez, se pudieron concertar contratos por un total de 151.585.386,22 euros.
La Fiscalía, que cree que Castellano era premiado "en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes", dinero en metálico y hasta baúles con jamones, solicita 25 años de cárcel para el empresario al que presuntamente favoreció, Vicente Huerta, con quien mantenía una "intensa y corrupta relación", indica.
En su escrito de conclusiones provisionales la Fiscalía desgrana el modo de actuar de una "asociación de personas y empresas" dedicadas a la navegación aérea y especialmente a la extinción de incendios forestales entre 1999 y 2008.
Estas, "con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia", sostiene el fiscal.
Acusados integrados en dichas empresas -añade- "se concertaron con varios funcionarios y autoridades con la finalidad de defraudar a las administraciones públicas y lucrarse a costa de estas".
En el caso de Serafín Castellano, que ocupó las consellerías valencianas de Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación entre 1999 y 2014, la Fiscalía cree que fijó junto al empresario Huerta "la forma de proceder para lucro" de este último y sus empresas "con ocasión de la contratación pública con la administración regional".
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