El Gobierno español aprobó ayer martes junto con las comunidades autónomas un fondo de 15 millones de euros, 6 para Canarias y 4,5 para Ceuta y 4,5 para Melilla, para la atención de menores migrantes no acompañados. Sin embargo, pospusieron la asignación de los otros 20 millones que tenían pactados para el reparto de estos niños por todo el territorio estatal tras “bloquearlo” algunas de las comunidades.
Así lo puso de manifiesto la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras reunirse con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. “Hemos aprobado un fondo de 15 millones para Canarias y para Ceuta y Melilla, para atención de niños y niñas migrantes no acompañadas por una parte. La verdad es que sorprende en cualquier caso que no hayamos sido capaces de aprobar los otros 20 millones que teníamos asignados y trabajados previamente, completamente de acuerdo con las comunidades autónomas, para el reparto de niños y niñas por todo el territorio”, aseguró Rego.
En este sentido, la ministra indicó que el Gobierno español pospuso trasladar a 347 niños más otros 53 que se quedarían en las ciudades de Ceuta, Melilla y Canarias, pero que este criterio fue “bloqueado” por “algunas de las comunidades del PP”. “En este caso, nos hemos remitido a una siguiente conferencia sectorial para seguir trabajando en los criterios de reparto de niños y niñas en el resto de territorios”, apuntó.
Precisamente, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció ayer un “principio de acuerdo” con el Gobierno de Canarias sobre el texto de la modificación de la Ley de Extranjería y que permitiría el reparto entre las comunidades autónomas de los más de 5.600 menores migrantes no acompañados que tutela el archipiélago en solitario. “El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España han llegado a un principio de acuerdo con respecto al texto que llevará luego su trámite parlamentario”, explicó.
Reforma ley extranjería
Rego dijo que se está trabajando “todavía” en este acuerdo y que no está “cerrado”. “Hemos dicho ya claramente que la vocación del Gobierno es plantear una reforma de la Ley de Extranjería precisamente para plantear un criterio que está vertebrado por una cuestión que entendemos que es fundamental, que es que la migración es un fenómeno estructural y dinámico, atendiendo a los derechos humanos y al interés general de los niños y de las niñas, dotándolo presupuestariamente de manera vinculante y, por tanto, planteando algo que para nosotros es central, que es un reparto vinculante, una acogida vinculante y solidaria de niños por todo el territorio”, recalcó. Preguntada por si las comunidades no son solidarias en el reparto, precisó que “se trata de un proceso de negociación en el que vertebrar y plantear la política migratoria con enfoque en los derechos humanos”.