La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) celebró ayer miércoles una audiencia pública por la demanda que seis jóvenes portugueses, de entre 11 y 24 años, han presentado contra 32 países, entre ellos España, por el cambio climático, una vista donde su abogada ha puesto de relieve “el precio que están pagando” y que pagarán por la falta de medidas eficaces para combatirlo.
La audiencia, que tuvo lugar en una doble sesión de mañana y tarde, contó con la presencia de los seis demandantes –Catarina, Martine, Sophia, Mariana y Andre–, que acudieron acompañados de sus familias. “Es por su determinación y su trabajo duro que este caso está aquí”, destacó su letrada.
La abogada señaló que “este caso es sobre los jóvenes, sobre el precio que están pagando por el fracaso de los estados a la hora de enfrentar la emergencia climática”. Pero también versa sobre “el daño que sufrirán a lo largo de sus vidas a no ser que los estados asuman sus responsabilidades”, añadió, según informó el TEDH.
Por su parte, el representante de los países demandados aprovechó su intervención para dejar claro que “los estados entienden perfectamente la gravedad de la lucha contra el cambio climático”, si bien instó al TEDH a respetar los principios fundacionales del sistema de protección de Derechos Humanos y no excederse en su mandato, “independientemente de la naturaleza del caso”.
También tomó la palabra la alta comisionada del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, para poner de relieve que “el cambio climático relacionado con la degradación medioambiental tiene un impacto devastador en el ejercicio de los Derechos Humanos de todos nosotros, pero particularmente de los jóvenes y niños”. “Afecta a su salud física y mental, a sus derechos civiles, políticos y sociales, así como a su dignidad”, ha expuesto Mijatovic, apostillando que por eso considera “crucial” adoptar un enfoque basado en los derechos de la infancia para responder a las cuestiones sobre cambio climático.
Incendios forestales
La demanda alega que los incendios forestales que se han producido cada año en Portugal desde 2017 son una consecuencia directa del cambio climático que supone riesgos para su salud. De hecho, los seis jóvenes aseguran que ya sufren alteraciones en los patrones de sueño, problemas respiratorios y alergias que se han visto agravados por la subida de las temperaturas.
Además, dos de los jóvenes señalan que el cambio climático está provocando fuertes tormentas en invierno, indicando que sus casas, que están situadas cerca del mar en Lisboa, están en peligro por ello.
Al hilo, sostienen que no solo están experimentando ansiedad por estos desastres naturales sino también por la expectativa de tener que desarrollar sus vidas en un entorno climático cada vez más hostil.
Todo ello, afirman, supone una violación de sus derechos a la vida, al respeto al desarrollo de la vida privada y familiar, y a las prohibiciones de malos tratos y de discriminación, ya que consideran que el cambio climático afectará más a su generación, dada su edad actual, que a las anteriores.
En corto
Fracaso. Los jóvenes se apoyan para ello en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero situando su interpretación en el Acuerdo de París de 2015 y en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, entre otros tratados. Para los jóvenes, los Estados miembros han fracasado a la hora de cumplir sus obligaciones internacionales por la falta de medidas adecuadas para limitar sus emisiones de gases a fin de contener la subida de las temperaturas.