El Parlamento Europeo (PE) presentó este miércoles un informe sobre el extremismo de derechas en la UE en el que se analiza la situación de estos grupos en territorio europeo y se establece una serie de recomendaciones para combatirlos de manera efectiva.
El informe, elaborado por el laboratorio de ideas del PE y presentado en la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, aborda la situación y el contexto en el que se mueven los grupos de extrema derecha en la UE y, más específicamente, en países miembros como Francia, Alemania, Italia, Bulgaria, Hungría, Polonia y Suecia.
El ponente, Quentin Liger, aseguró que por culpa de las restricciones económicas, el estudio tuvo que limitarse a ciertos países y que se eligieron esos por motivos de cobertura geográfica, la existencia de grupos de extrema derecha y por la robustez de los marcos legales para combatir estos movimientos.
"En cuanto a las tendencias, hemos identificado tres elementos. El primero, la internacionalización del movimiento, donde los grupos de extrema derecha tienden a unirse a otros grupos de fuera de su país", explicó Liger.
El segundo elemento es el uso de internet para difundir su ideología, algo en lo que se han especializado para evitar cometer delitos de odio, y el tercero es la integración de estas ideas en la sociedad, algo que, según el experto, se puede apreciar en la integración de estos grupos en los ejércitos de Alemania y Francia o en los clubs de lucha de Suecia.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones elaboradas por el PE, destaca la necesidad de elaborar una definición de qué son los movimientos de extrema derecha, lo que permitiría, según el informe, identificarlos de manera adecuada y poder actuar y combatirlos de manera más eficaz.
Una vez identificados estos grupos, el documento pide a los Estados miembro adaptar sus leyes para contrarrestarlos y a la Comisión Europea (CE) que sancione mediante la legislación contra el racismo y la discriminación de la UE a aquellos países que no actúen.
El informe, sin embargo, reconoce que la legislación no puede ser la única solución y llama a prevenir la aparición y la popularización de estos grupos, financiando organizaciones ciudadanas a nivel local para aumentar la resistencia social y apartando de las plataformas globales a aquellos individuos o grupos que inciten a la violencia o tengan discursos de odio.
El informe fue muy criticado por algunos eurodiputados en la comisión de Libertades Civiles donde se presentó, que tacharon el documento de "ofensivo para su partido y su país" y de "difamatorio", por referirse a diferentes formaciones como de extrema derecha.