Un informe detecta carencias para prevenir y sancionar los abusos policiales en España

Un informe de IRIDIA, NOVACT y RIS presentado este martes en el Parlamento de Navarra sobre "Transparencia y rendición de Cuentas de los Cuerpos Policiales en el Estado Español', concluye que hay carencias para prevenir casos como la tortura y prevenir los abusos, sin poner con ello en duda el buen hacer de la mayoría de los agentes. INFORME COMPLETO

Anais Franquesa ha explicado en representación de estas asociaciones que para la elaboración del trabajo, al margen de documentación, han contado con la colaboración de Policía Foral, Mossos, Ertzaintza y Policía Local de Fuenlabrada, pero no de Guardia Civil ni de Policía Nacional, aunque sí pudieron mantener una entrevista con la Secretaría de Estado de Seguridad.

Tras afirmar que en el uso de la fuerza el Estado está sujeto a restricciones y principios normativos nacionales e internacionales, ha indicado que de estos textos se derivan principios básicos de legalidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas.

En relación con los casos de torturas, maltrato o muerte bajo custodia ha defendido la lucha contra la impunidad, entendida como la falta de investigación, enjuiciamiento o condena y castigo adecuado a sus autores, "la otra cara de la moneda" con la que "se debería acabar" por el "deber de investigar que tienen los estados" para la reparación a las personas afectadas y la prevención de futuras vulneraciones de Derechos Humanos.

Al respecto Franquesa ha recordado que el Estado español ha sido condenado en 13 ocasiones por el Tribunal de Derechos Humanos por no investigar adecuadamente y ha añadido que el informe concluye que "los mecanismos de rendición de cuentas no son suficientes para garantizar la sanción adecuada" en los casos de abuso policial "ni para la reparación efectiva de las víctimas".

La segunda conclusión que ha mencionado es que los datos de procedimientos incoados por el uso de la fuerza "no están disponibles o solo lo están parcialmente" y los mecanismos de control "no son suficientemente independientes ni eficaces", y ha ofrecido datos a su juicio "alarmantes" de Policía Nacional, con 2.854 procesos entre 209-2012 y 2015-2018 de los que 2.481 ni se incoaron, y en Guardia Civil de 2.084 procesos 2074 tampoco se incoaron.

Ha criticado además que la Unidad de Asuntos Internos de Policía Nacional dependa de un cargo policial, lo mismo que sucede en Policía Foral, adscrita a la jefatura del cuerpo, ya que no es en su opinión la mejor manera de garantizar la independencia de quien debe ejercer el control.

Como tercera conclusión Franquesa ha destacado que "ninguno" de los cuerpos policial prevé el acceso publico a los protocolos e instrucciones sobre uso de la fuerza y armas, lo que hace "imposible que pueda ser fiscalizado", por lo que ha apelado a la "transparencia" y valorado que los Mossos ya hayan dado alguna publicidad a su normativa y en Policía Foral haya "un filtro positivo" en el Consejo de Navarra sobre utilización de armas.

Ha valorado también positivamente la identificación externa de los agentes tanto en Policía Foral como en los Mossos, no así en el resto de cuerpos, igual que ha considerado una "buena practica" la entrega de los formularios de identificación previstos en la ley foral pero que "al parecer no se está aplicando".

Otras conclusiones del informe aluden al poder judicial, los defensores del pueblo y los mecanismos externos siguiendo recomendaciones de Naciones Unidas o el Comité para la Prevención de la Tortura, y en este sentido ha recordado que en Navarra debería existir el Comité de Buenas Practicas y Transparencia "pero, que sepamos al cierre del informe, no había sucedido".

Por último Anais Franquesa ha indicado que la sociedad civil es un agente clave para la fiscalización de estos asuntos y el deber de los estados para que la observación y el monitoreo se realicen de forma efectiva, ya que la impunidad o los largos procedimientos suponen la "revictimización" de las personas afectadas por malas practicas policiales.

"Solo con un acuerdo de mínimos de que este tipo de conductas no podemos admitirlas podremos llevar adelante las modificaciones" necesarias en la normativa, pero "no existe voluntad política", ha dicho Arantza Izurdiaga, de EH Bildu, solicitante de la comparecencia, y como ejemplo ha recordado actuaciones cuestionadas por el Tribunal de Derechos Humanos de Grande Marlaska como juez, ahora ministro de Interior.

Por I-E, Marisa de Simón, ha adelantado que estudiarán el informe para ver posibles medidas y en especial en relación con Policía Foral, idea que han manifestado después el resto de grupos, si bien ha considerado "excepcionales" los casos de tortura y un uso indebido de la fuerza.

José Suárez, de NA+, ha "reconocido y agradecido" el trabajo de la "inmensa mayoría" de los policías, una "necesidad" en un Estado de derecho para garantizar "la libertad de todos".

Inmaculada Jurío, del PSN, ha defendido el estado de derecho y los espacios de transparencia, pero negado la impunidad como sistema y rechazado la desconfianza hacia unos funcionarios públicos, la tiempo que ha valorado el modelo de Policía Foral.

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha apoyado la rendición de cuentas de los cuerpos policiales y cuestionado "el controvertido principio de presunción de veracidad" que les asiste.