Un inspector jefe de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Irun ha sido expedientado después de firmar una orden en la que ofrecía a los agentes de la Policía Nacional días libres en función del número de detenciones que efectuaran. La polémica orden iba a entrar en vigor el 1 de julio, pero no lo hará después de que la Jefatura Superior de Policía del País Vasco conociera su existencia y decidiera anularla.
Fue un sindicato el que denunció, a través de las redes sociales, la existencia de esta orden, que establecía que sin ningún arresto se otorgarían dos días libres, con un detenido corresponderían tres días de compensación, mientras que de dos en adelante se otorgarían cuatro días de licencia y a partir de diez o más detenidos cinco días libres.
La dirección del Cuerpo Nacional de Policía anuló la orden y abrió un expediente al inspector jefe que la firmó, quien lo hizo en ausencia del comisario de Irun, tal y como señaló el delegado del Gobierno Sánchez en el País Vasco, Denis Itxaso.
El delegado reconoció que la orden es “un error absurdo” que “se ha parado a tiempo” y que “no se corresponde con el funcionamiento ordinario” de este cuerpo policial.
El delegado del Gobierno español explicó que este inspector jefe se había incorporado recientemente a esa comisaría y calificó su comportamiento como “absurdo” al afirmar que “en el siglo XXI el rendimiento de la Policía y su eficacia no depende del número de detenidos”.
Asimismo, precisó que en todo caso la orden no especificaba que los detenidos debían ser personas migrantes, a pesar de partir del inspector jefe de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, de quien también señaló que “tomó la decisión por su cuenta”, en un momento en el que el comisario de Irun no estaba, por lo que no tuvo conocimiento de la misma.
La Red de Acogida de Irun pidió a la jefatura de la Policía Nacional que “depure responsabilidades de inmediato y que se den todas las dimisiones necesarias” tras los “premios a la caza de migrantes”. Esta ONG, que auxilia a los migrantes en tránsito, consideró “inaudita y perturbadora” la “falta de respeto y el pisoteo a los derechos fundamentales de las personas migrantes, a la legalidad vigente en materia de extranjería y a los derechos laborales de la propia Policía” que entraña este planteamiento de “compensaciones”.
“Las personas migrantes tienen derechos fundamentales. Viajar para mejorar o salvar sus vidas es uno de ellos”, ha recalcado esta agrupación, que ha aclarado también que “no tener papeles es una falta administrativa, como tener una multa, no un delito penal”.
“Racismo institucional”
En su opinión, la orden anulada “legitima el racismo que aún puede quedar en las fuerzas de seguridad y deslegitima los valores democráticos que en principio las rigen, aunque la masacre de Melilla –apunta– no sea un buen ejemplo”.
Por último, la organización SOS Racismo también criticó al Ministerio del Interior y consideró en este sentido que el expediente abierto al mando que firmó la orden “no deja de ser un lavado de cara”. “Este es un ejemplo más de lo que denominamos racismo institucional”, ha denunciado esta ONG, que ha asegurado que casos como este “es lo que se ve todos los días, por ejemplo, en la actuación policial en las vallas de Ceuta y Melilla”.
Asimismo, añadió que ante los inmigrantes en zonas de frontera “se actúa de una forma, sobre la base de instrucciones en ese sentido, y luego, ante la opinión pública, se niegan e inventan versiones edulcoradas sobre la actuación policial”.