Un juez ordenó este lunes al Gobierno de Buenos Aires dar por finalizado el operativo policial en el domicilio donde reside la vicepresidenta argentina y exmandataria (2007-2015), Cristina Fernández, después de que instalasen vallas en torno a su vivienda.
Por otra parte, el juez Roberto Gallardo remarcó en el documento que la custodia de la vicepresidenta está a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer como unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales.
Además, Gallardo instó a que la Policía de Buenos Aires continúe con "sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio, sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo a la custodia federal vicepresidencial".
Por su parte, el jefe de Gabinete capitalino, Felipe Miguel, aseguró que se está analizando recusar al juez y apelar el fallo judicial.
"El juez Gallardo está politizado y falla siempre con una intencionalidad política, ya están estudiando los abogados del Gobierno de la Ciudad una posible recusación y la apelación al fallo", afirmó Felipe Miguel en declaraciones al canal de noticias TN.
"Nunca se discutió que la custodia de la vicepresidente corresponda a Gobierno Nacional, pero nosotros no vamos a cesar en nuestra responsabilidad con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires", agregó.
Hasta que se resuelva la situación judicial, el jefe de Gabinete advirtió de que la Policía permanecerá en el barrio porteño de Recoleta -donde reside Fernández- para garantizar la normal convivencia a los vecinos de la zona.
En contexto con esta situación, el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, adelantó que ampliará la custodia de la exmandataria.
"Hemos tomado la decisión de ampliar la custodia de la compañera Vicepresidenta de la Nación, a la custodia de su domicilio, independientemente de la custodia personal de la Policía Federal Argentina, que siempre la asistió", publicó el ministro en sus redes sociales.
El vallado a la vivienda de Fernández
Cientos de personas marcharon el sábado pasado para protestar por la instalación de un vallado policial en torno a la vivienda de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, para quien un fiscal solicitó una pena de doce años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Las medidas de seguridad habían sido ordenadas por el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para "garantizar la circulación" de los vecinos en de la zona.
Sin embargo, los incidentes comenzaron cuando un pequeño grupo de simpatizantes kirchneristas tiraron las vallas y avanzaron hacia el edificio donde vive Fernández.
Los agentes antidisturbios cargaron posteriormente contra los manifestantes, utilizando chorros de agua para dispersar a la multitud, que respondió con forcejeos y ataques a los vehículos policiales.
Según el Gobierno porteño, los enfrentamientos terminaron con 20 agentes policiales heridos y cuatro manifestantes detenidos.
"Estoy orgulloso de la Policía de la Ciudad. Una fuerza profesional, valiente y comprometida con el orden público y la paz social. Así actuaron el sábado, con el liderazgo de Marcelo D'Alessandro (ministro de Seguridad capitalino). Fui a darles mi apoyo y a solidarizarme con el comisario Diego Ortiz, uno de los 20 heridos", escribió Larreta en Twitter.