Un juzgado abre diligencias contra Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos de periodistas

Actualizado hace 3 minutos

El Juzgado número 25 de Instrucción de Madrid ha abierto diligencias previas contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la difusión de datos personales de dos periodistas.

La magistrada Raquel Robles ha dado traslado a la Fiscalía tras recibir una denuncia de la dirección federal del PSOE por presunto delito de revelación de secretos por difundir datos personales de dos periodistas, según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Según la denuncia, el jefe de Gabinete de Ayuso habría obtenido esos datos personales, nombres y fotografía "de un policía nacional que pertenece a la escolta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había identificado a los periodistas el pasado 19 de marzo, cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso.

Los reporteros trataban de verificar los indicios que tenían sobre una obra sin permiso en el piso donde conviven Ayuso y su pareja, el empresario Alberto González Amador, cuando el agente pidió las credenciales de prensa y DNI a los periodistas, pero no llegó a presentar ninguna denuncia contra ellos.

No obstante, desde el PSOE apuntan en la denuncia que esa información fue remitida al Director General de Seguridad de la Comunidad de Madrid y "apenas dos horas después" Rodríguez "difundió un bulo" con esos datos personales a través de un chat que comparte con profesionales de varios medios.

Tal como recoge la propia denuncia, Rodríguez ha admitido en varias ocasiones haber difundido la identidad de los periodistas y lo justifica en que, según indicó en una entrevista a 'El Mundo', "estaban acosando a menores, entregándoles su tarjeta de visita para que les llamaran". "Eso no se hace. Eso no es periodismo. Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más", señaló.

Ahora, el Juzgado ha solicitado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie, de manera discrecional (es decir, no vinculante), sobre estos hechos para determinar si pudieran ser constitutivos de delito, han apuntado fuentes jurídicas.