Pese a que en los próximos días se prevé la puesta en marcha del peaje para camiones en la N-1 y la A-15 en el marco de la norma foral (la tercera) aprobada a finales de 2021, todavía colean consecuencias de las dos primeras normas que aprobaron las Juntas Generales y que fueron suspendidas por los tribunales arguyendo que discriminaban a los transportistas de fuera de Gipuzkoa.
Una sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Gipuzkoa ha dado la razón a los camioneros que han recurrido contra la Diputación por haber cobrado a los transportistas de forma indebida el canon de uso cuando el peaje había sido anulado por la justicia.
Según ha podido saber NOTICIAS DE GIPUZKOA de fuentes conocedoras de la causa judicial, se trata de dos empresas de transporte de fuera de Gipuzkoa y de un autónomo a los que el juzgado ha dado la razón en sus reclamaciones por una cantidad aproximada de los 13.000 euros en total. Al parecer, existen más demandas presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que todavía no están resueltas.
Los tres recurrentes solicitaban al tribunal la suspensión de la orden por la que la Diputación desestimaba la reclamación en la que pedían que les fueran devueltas las cantidades abonadas mientras el canon siguió funcionando pese a la suspensión judicial.
Según las mismas fuentes, en la sentencia se ratifican los argumentos que en su día expuso el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para tumbar las dos primeras normas forales, en el sentido de que el sistema de cobro implantado fue diseñado de tal forma que el transporte foráneo salía perjudicado en comparación con el local. Es decir, la procedencia del transporte se convertía, en contra de lo que dictaminan las directivas europeas, en fuente de discriminación indirecta.
El canon se implantó por primera vez en enero de 2018 pero apenas tres meses después y atendiendo a los requerimientos de la Federación Nacional de Transporte de España (Fenadismer) y la Confederación Española de Mercancías (CETM). Mientras se resolvían los recursos presentados, la Diputación decidió continuar cobrando a los camiones por transitar por las citadas carreteras y, en paralelo, aprobó una segunda Norma Foral que volvió a ser tumbada por los mismos motivos por el TSJPV en mayo de 2020.
Pese a que en un primer momento la Diputación anunció su intención de continuar con los cobros hasta que se resolvieran todos los recursos, finalmente, la responsable foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, informó el pasado mes de junio que dejaba de cobrar a los transportistas hasta la aprobación de la nueva Norma Foral, que entrará en vigor a mediados en los próximos días.