El Juzgado de Instrucción número 4 de Durango ha exonerado a un hombre que carecía de ingresos y patrimonio de pagar los 180.000 euros que le reclamaban cinco acreedores, entre ellos bancos y la Seguridad Social.
Este procedimiento judicial, que ha durado tres años, ha sido posible por la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.
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Según se indica en el auto de la magistrada Irune Fernández Arias, "se ha verificado que se cumplen los presupuestos, tanto subjetivos como objetivos, y los requisitos establecidos en la ley para la concesión de este beneficio".
"La persona que instó el concurso ya no tendrá que pagar deuda alguna y podrá empezar de nuevo su vida", ha destacado la abogada Pilar Barranco, socia del despacho que ha llevado el caso ante los tribunales.