El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao ha pedido al Juzgado de Guardia que investigue si los trabajadores de la cárcel de Araba están llevando a cabo una "huelga encubierta" ante el incremento de bajas por incapacidad temporal que se han detectado en las últimas semanas y que han provocado que haya que suspender los servicios básicos en el centro.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco ha informado de esta decisión judicial, en el que se recogen diversos informes llevados a cabo por el director del centro alavés que dan cuenta de la "carencia de recursos humanos por causas sobrevenidas".
Vulnerados lo derechos de los internos
La falta de personal ha obligado a suspender varios servicios como las comunicaciones de los internos con sus familias y abogados, los vis a vis, y de forma inminente se van a cerrar los diversos talleres en los que participa la población reclusa.
El presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, ha advertido este jueves al Gobierno vasco de que el sistema penitenciario en Euskadi puede ir a la "quiebra" como continúe con su actual gestión, que desde el sindicato califican de "absoluto caos".
El director de la cárcel ha remitido los informes a instancias del juzgado, en los que se señala que la falta de personal no responde a ninguna convocatoria de huelga, pero "sí a una comunicación verbal, consensuada por el conjunto de la plantilla de trabajadores de cesar en su disponibilidad para realizar las horas extras requeridas para la cobertura de los servicios prestados en el centro penitenciario de forma ordinaria, en el contexto de la negociación de sus condiciones laborales".
Hasta 73 bajas en menos de un mes
El Gobierno vasco constata que desde el pasado 4 de diciembre hasta 73 trabajadores de la cárcel de Araba han presentado una incapacidad laboral.
En su auto el juez considera que la situación es "preocupante, insostenible, intolerable y alarmante" y cree que concurren "todos los datos para concluir que se trata de una huelga encubierta". Esta posibilidad "ha conllevado que se vean vulnerados los derechos de la población reclusa" señala el magistrado.
Bolsa de trabajo
Por ello, el juez pide "medidas urgentes" y el Ejecutivo vasco ya ha anunciado que para paliar la situación ha activado la bolsa de trabajo y 32 trabajadores se van a incorporar de manera inmediata a la cárcel de Araba.
Posibles medidas disciplinarias
Además, el juzgado emplaza al Gobierno a que estudie la posibilidad de adoptar medidas de carácter disciplinario con respecto a los funcionarios penitenciarios que, "de forma consecutiva, continuada y colectiva, presentaron la baja médica desde el día 4 del presente mes".