Euskadi contará con un “mapa judicial” para conocer a tiempo real la situación de los juzgados vascos y mejorar su funcionamiento. Así lo aseguró ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Iñaki Subijana, que expuso las medidas para conseguir una “justicia comprensible, ágil y con seguridad jurídica”.
En el acto de apertura del Año Judicial, al que acudió el lehendakari, Iñigo Urkullu, Subijana hizo una radiografía de la situación actual, en la que admitió que el talón de Aquiles es la mermada plantilla de jueces que hay en la CAV. Una situación agravada por la huelga de letrados, que ha hecho que se acumulen los procesos pendientes.
Así las cosas, el magistrado sostuvo que el sistema de justicia vive en Euskadi un “momento ambivalente”, de “esperanza” en el terreno de la macrojusticia pero también de “preocupación” en lo que respecta a la microjusticia, “ceñida a la gestión diaria de los conflictos”.
Y es que a pesar de que defendió que el pasado año se pudo revertir la “situación de acumulación” en los juzgados generada por la pandemia de la covid-19, el número de jueces “sigue siendo significativamente inferior al resto de la UE: 10,3 por cada 100.000 habitantes, frente al 17 de la Unión Europea”. “Una debilidad que se comparte con el resto del Estado”.
No obstante, defendió que la huelga de los letrados y de los funcionarios de Justicia ha traído consigo durante el primer semestre del presente año un “empeoramiento de esta radiografía”.
Es por eso que subrayó la importancia del Plan Estratégico de Justicia 2022-2028, e incidió en que dibuja “el camino a seguir para mejorar la justicia”. Con el objetivo último de lograr una “justicia comprensible, ágil y dotada de seguridad jurídica”.
En este sentido, anunció la creación de grupos de trabajo que se centren en la “accesibilidad, buscando la mejora de los parámetros de comunicación oral y escrita”, así como en la “optimización de los tiempos de respuesta por órdenes jurisdiccionales”.
Medidas
Así las cosas, el compromiso es elaborar un mapa judicial de Euskadi que permita conocer “en cada momento” la situación de cada uno de los catorce partidos judiciales, explicó Subijana. Para de esa manera “adoptar o proponer las medidas que sean precisas para mejorar el funcionamiento de los órganos judiciales”.
Asimismo, resaltó la importancia de “invertir en la digitalización del proceso de toma de decisiones” y aseguró que el pasado mes de marzo terminó de implantarse en todos los partidos judiciales el sistema de gestión procesal Avantius.
Por otro lado, el presidente del TSJPV aseguró que habrá “una estrategia de mejora de los espacios de acogida, escucha, atención, acompañamiento y protección” de las víctimas de la violencia machista y sexual.
“En este camino destacan la apuesta, en colaboración con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y Emakunde, de las guías informativas sobre el itinerario procesal que tratan de trasladar, en un lenguaje comprensible y gráfico, las fases del procedimiento judicial a las víctimas de violencia machista y sexual”, expresó.
Juicios en euskera
Por último, el presidente del TSJPV anunció un proyecto piloto para poner en marcha juicios en euskera. Y es que calificó de “escasa” su utilización en la Administración de Justicia, “debido a la concurrencia de un elenco de factores no necesariamente judiciales”. Es por eso que se asumió como uno de los objetivos promover su uso mediante “el análisis de la viabilidad de implementar un proyecto piloto en varios partidos judiciales”.
Más de 27.000 procedimientos
Se disparan los delitos informáticos. La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, manifestó ayer que el “salto cualitativo importante” registrado en los delitos informáticos “nos ha desbordado”. En su intervención en el acto de la apertura del Año Judicial en Euskadi, Adán aseguró que la multiplicación de los delitos del ámbito penal evidencia “una situación “descorazonadora”. Los fiscales han presentado 27.622 procedimientos de delitos graves y menos graves, y destacó el aumento de los delitos informáticos contra empresas y sobre todo contra las personas tales como “delitos contra la intimidad, la imagen, la dignidad que son bienes que se están viendo afectados por amenazas, acosos y presiones”.