El expresidente de la PAI Eduardo Zabala, hace referencia en su carta a los asociados que simpatizan con sus planteamientos a un nuevo frente abierto por un grupo de herederos de accionistas del IMQ que tuvieron que vender sus acciones a la compañía a precios muy por debajo de los números que ahora se manejan. Varios de ellos han sumado fuerzas en una demanda judicial colectiva abierta a la adhesión de otras personas que están en las mismas circunstancias.
Según indica Zabala, unos 110 herederos de médicos no han podido regularizar su situación hereditaria hasta la celebración de la junta general de este año. Y ahora podrían reclamar en torno a 21 millones de euros al grupo si siguen los pasos de los que ya han acudido a los tribunales. Hasta ahora el IMQ podía obligar a los herederos a vender sus acciones a un precio fijado, 60.000 euros en este caso, muy lejos de los 255.000 euros que ofrece Adeslas. De modo que la diferencia, 195.000 euros por paquete accionarial supondría un nuevo obstáculo para la venta de la compañía, casi 21,5 millones, si todos se unen y la justicia les da la razón.
Eduardo Zabala y Rafael Martínez Jordá se muestran muy críticos con la actuación de la actual dirección en esta cuestión. "Queda la duda de si alguno de los responsables de esta situación se ha beneficiado con la compra de paquetes de acciones provenientes de retractos obligatorios, a un precio irrisorio", indican.
Por esta cuestión y por el preacuerdo con Adeslas, el núcleo de accionistas que inició la venta del Igualatorio se considera "plenamente legitimado para seguir en la pelea" y "explorar diversas opciones tendentes a resolver de modo justo y eficaz" la venta.