Hay quien dice que el Ultzama es una calle más de Atarrabia, una de carácter fluvial, que va y viene, se deja notar y desaparece –siempre dejando estragos– según la época del año. Son 900 metros de este río los que atraviesan un municipio ya acostumbrado a las avenidas, cada vez más fuertes, cada vez más seguidas. Y sus vecinos y vecinas son conscientes, en una lucha constante que se repite –por desgracia– muy a menudo, de que necesitan una solución. Medidas paliativas que moderen su curso, su fuerza, y que les permitan pasar de ese constante estado de alarma a uno que les brinde cierta tranquilidad. “Hay que ser ambicioso para no quedarse en algo puntual”, reclaman. Hace tiempo que desde el Ayuntamiento están en ello.
El alcalde de Villava, Mikel Oteiza, y el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Etor Larraya, presentaron este pasado jueves –ante cerca de un centenar de personas– el Plan de recuperación ambiental y mejora hidráulica del río Ultzama a su paso por el municipio. Contempla 6 ejes de actuación y cuenta con una subvención de 5.303.342,83 euros del Gobierno central, gracias al acuerdo al que llegó con el senador autonómico Koldo Martínez, a cambio del apoyo de Geroa Bai a la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2022 y que contemplaba otras acciones además de ésta, destinada a reducir el riesgo de inundaciones.
Los objetivos son dos: por una parte, la recuperación ambiental del río y, por otra, su mejora hidráulica para paliar el efecto de las avenidas. En marzo de 2018 se hizo la primera fase del plan, que contempla un análisis del comportamiento del río e identifica los elementos que influyen en esos períodos de riesgo. Se identificó el puente como un elemento que entorpece el flujo del río. Después, ya en abril de 2021, se realizó la valoración económica de las actuaciones a realizar.
Acciones
Las medidas que se proponen pasan por la demolición del Puente de San Andrés y la construcción de un puente nuevo en el mismo emplazamiento (1.650.945 €); en el azud, la demolición de la arqueta previa al cruce del río ubicada en su margen izquierda (se reubicará en otro emplazamiento) y el retranqueo de la orilla o la construcción de una escala de peces, entre otras (150.460 €). También se actuará en defensas y pavimentos (198.774 €) y se derruirá la pasarela actual, incluyendo sus cimentaciones y defensas (escolleras, muro), para construir una nueva a la altura del Molino de San Andrés (524.020 euros). Además se intervendrá en la antigua nave de Plásticas Zozaya, algo que no estaba incluido en el plan pero se identificó en 2015 como estructura a retirar de la zona, junto a los centros de transformación contiguos. La actuación la llevará a cabo Gobierno de Navarra.
Pero una de las acciones más importantes es la intervención en Ion Graf (sin actividad desde 2010), ya que es la primera actuación a ejecutar porque permitirá corregir el impacto base de ocupación de un espacio que en su día perteneció al ecosistema del río. “La disponibilidad de este entorno es imprescindible para el futuro desarrollo del resto de las medidas correctoras de impacto ambiental del tramo”, se señala en el informe.
Tal y como explicó Oteiza el objetivo es la demolición del edificio actual, con retirada de todos los elementos de cimentación e instalaciones subterráneas; realizar un estudio de contaminación del terreno sobre el que se asienta la nave así como de su entorno más inmediato; y la eliminación de potenciales suelos contaminados para adquirir esos terrenos e incorporarlos al Parque Fluvial de la Comarca (927.445 €).
Complicaciones
El Ayuntamiento se encuentra actualmente en negociaciones con la empresa ya que la situación se judicializó y hay una sentencia que obliga al Consistorio a compensar el valor total de los terrenos a la firma en otro entorno (una parte ya se le entregaron en la zona de Barcos, frente a los institutos). El Ayuntamiento recurrió pero no prosperó. Por otra parte, hay otra sentencia “contraria a la empresa por el desmantelamiento de la actividad –valoró Oteiza–, que le obliga a desmontar la cubierta, que tiene parte de uralita, los depósitos subterráneos, y a realizar ese estudio de contaminación del suelo asumiendo el coste de lo que de él se derive. Esto enmaraña un poco la situación de cara a ocupar el espacio para iniciar la intervención pero queremos llegar a acuerdos, deshacer el nudo y empezar a trabajar sobre el terreno”.
Por otra parte, hay aspectos del plan que no están valorados como la redacción del proyecto, la dirección de obras… “Cerca de medio millón de gasto que no está consignado en la subvención y habrá que buscar financiación”, indicó el alcalde. Recordó que otra de las complicaciones se deriva de la cantidad de agentes e instituciones implicadas en el proyecto, además de las empresas, como el Gobierno de Navarra (Obras Públicas es propietario del puente de San Andrés, y Medio Ambiente el departamento competente para autorizar determinados trabajos). También la CHE es titular del río, tiene que autorizar todo lo que se vaya a hacer. “Tenemos una reunión en Zaragoza para intentar agilizar todo, para que se implique de manera activa y colabore”, dijo. La Mancomunidad, por su parte, es titular de los terrenos del Parque Fluvial y la pasarela.
Las personas asistentes a la presentación demandaron celeridad y compromiso, y recordaron al Ayuntamiento que es un objetivo “irrenunciable” que tiene que culminar la próxima corporación, “esté quien esté”. Preguntaron también por la papelera de San Andrés y su incidencia en los problemas de las inundaciones o el hecho de que le afecte la construcción del nuevo puente, implicación que reconoció el alcalde, que no se atrevió a asegurar “en qué medida le va a afectar”, aunque explicó que no puede haber un puente nuevo sin que le afecte. También recordaron que son dos ríos los que confluyen (“a veces la inundación ha venido por el Arga”) y demandaron que se le dé al nuevo puente la mayor altura posible y se mejoren la zona de entrada a Martiket y la subida a Areta con una rotonda que facilite el acceso a ambas partes.
“Los resultados y los inicios van a tardar, antes de un año no creo que comience ninguna obra. Pero cuatro años para una transformación urbanística de este calibre es muy poco. Va a ser algo muy duradero en el tiempo, hay sintonía con el resto de la Administración, tenemos una responsabilidad para llevar a buen término el plan y no tengo duda de que lo haremos”, señaló Oteiza, que asumió la necesidad de “ponerse las pilas”, consciente de que las tramitaciones ambientales y de permisos “son farragosas y lentas”.