Había expectación por conocer el programa del futuro Gobierno de Imanol Pradales, sobre todo, en los capítulos que más han tensionado el debate, como la sanidad. Los más de mil millones para los ambulatorios y los hospitales se pueden interpretar en algunos ámbitos como un intento de responder al desgaste electoral que ha sufrido el PNV tras el test de estrés que supuso la pandemia del coronavirus, aunque para los jeltzales la medida no sería más que otro hito en un proceso de mejora continua que también aplicó Iñigo Urkullu. Depende del cristal con el que se mire y, aunque Pradales se cuidó de matizar que Euskadi ya es un referente en el Estado, apostó por serlo también en Europa, prometió humildad y actuar con ambición, lo que parece un intento de reconectar con los votantes que se han quedado en casa.
En vivienda, el programa pasa de puntillas por la posibilidad de declarar las zonas tensionadas del mercado con la ley estatal en la mano, opción que simplemente se apunta. Sí se aboga por incentivar el alquiler con la fiscalidad, sobre todo para jóvenes y familias numerosas. La desgravación fiscal para la compra, que Bildu quería eliminar y el PSE reducir a la mitad, no se cita y queda como está. Lo relevante es que hay acuerdos y no hay discrepancias pactadas en este punto. PNV y PSE solo se dan libertad con el pacto estatutario.
Queda para el morbo político la paternidad de ciertas medidas. Por ejemplo, se puede ver la mano socialista en las 2.000 plazas nuevas que podrían crearse en Osakidetza (aparece como hipótesis y no como medida en firme) o el impulso a la tasa turística, asunto que llevaba el PSE en el programa electoral pero que hasta hace poco cuestionaba cuando era el PNV, por boca de Eneko Goia en Donostia, quien la planteaba.
El pleno de investidura en el Parlamento Vasco, en imágenes
Descarbonización, fondo soberano, suelo agrario...
El programa aborda todos los frentes, y anuncia los esfuerzos necesarios para alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2045 y no 2050; pero al mismo tiempo hay guiños al campo y se considera el suelo agrario como reserva estratégica para “minimizar, en la medida de lo posible”, su pérdida por proyectos energéticos. Se plantea que la mesa de Diálogo Social incorpore en el acuerdo interprofesional un salario mínimo vasco, y estudiar la posible gratuidad del transporte hasta los 26 años.
Se va a desarrollar en las escuelas el “marco plurilingüe” con el euskera como eje, y se creará un fondo soberano para la industria, en parte con aportaciones públicas del fondo Finkatuz y con una modificación legal de las EPSV. En una entrevista con este periódico, Pradales cifró el porcentaje que deberían aportar las EPSV en un 4% o 5%, para aflorar unos 1.400 millones, y el fondo tendría unos 3.000. Para PNV y PSE es un acuerdo de calado, y Eneko Andueza puso la puntilla al asegurar que, si el objetivo es bajar el paro del 5%, espera “que nadie diga que no hay ambición”.