Un proyecto comunitario para trabajadoras del hogar

Si para la ciudadanía en general, el acceso a la vivienda es un quebradero de cabeza, si además eres inmigrante, sin papeles y con un sueldo por debajo del salario mínimo, las dificultades se multiplican. “Encontrar piso es complicado, para empezar porque no todo el mundo te quiere alquilar y luego está el precio, una habitación cuesta 400 euros y, si tienes hijos, te cobran todavía más”, explica Carmen Granados, de Emakume Migratu Feminista-Sociosanitarias, una asociación que ha creado un proyecto comunitario pionero para dar solución a los problemas de vivienda de las trabajadoras del hogar.

La asociación cuenta ahora con 300 mujeres y se creó tras la pandemia, esa crisis que dejó al descubierto muchas cosas y, entre ellas, la vulnerabilidad de estas trabajadoras, especialmente las internas. Entre otras situaciones, muchas de ellas se quedaron sin empleo, sin prestación de ningún tipo y sin tener adónde ir de la noche a la mañana. “Eso sigue pasando, hace poco tuvimos que acoger de urgencia a una mujer en uno de nuestros tres pisos porque se quedó en la calle de la noche a la mañana”.

Tras llamar a muchas puertas, la asociación encontró el apoyo de la Fundación Eguzkilore (Asociación de Ayuda a la Vivienda) para llevar a cabo su proyecto. De momento, cuentan con tres pisos. “La idea es poder alojar a tres familias en cada uno de ellos. Son pisos que nos consigue la fundación y que necesitan arreglos o amueblarse”, cuenta Granados.

Por las condiciones de los pisos, su precio suele ser inferior a la media, entre 650 y 750 euros, “así cada familia paga menos de 300 euros por todos los gastos de la casa”. Para una persona sin papeles, una vivienda y, por consiguiente, un padrón municipal es además la vía para poder regularizar su situación. Carmen denuncia las trabas que se encuentran muchos inmigrantes para conseguir un empadronamiento que es obligatorio para todos los ciudadanos que residen en un municipio, independientemente de su situación administrativa.

La idea de este proyecto, por lo tanto, es que cada familia resida y se empadrone en esa vivienda durante no más de tres años –el tiempo que se necesita estar empadronado en un municipio para solicitar los papeles por arraigo– con el fin de que después otra familia pueda beneficiarse del proyecto. “Necesitamos muchos más pisos para poder satisfacer las peticiones. Tenemos 50 solicitudes de mujeres de la asociación que quieren acceder a uno de estos pisos, pero no encontramos más, de momento”, lamenta Carmen.

Esta vivienda comunitaria también se convierte en la vía para que las mujeres beneficiarias puedan dejar el trabajo de internas y buscar otra salida profesional. De las miles de mujeres trabajadoras del hogar que hay en los tres territorios de la CAV, el 30% de las internas y el 13% de las externas se encuentran en una situación irregular. “Muchas mujeres que están haciendo trabajo de internas tienen que pagar 400 euros por una habitación en la que solo duermen cuatro noches. Y eso con un sueldo de 1.000 euros o menos”, explica la mujer.

Otras ni siquiera tienen una alternativa, más allá de la vivienda en la que están empleadas. “Trabajan las 24 horas al día, en condiciones laborales esclavizantes que les llevan a tener problemas de salud”, narra Carmen. Y, cuando se quedan sin trabajo, se quedan sin nada de la noche a la mañana. Carmen lleva tres años en Euskadi y, en su día, también fue interna.

Ahora compatibiliza varios trabajos de cuidados y limpieza. Sabe lo que es pasar por este tipo de situaciones y por las dificultades que conlleva la búsqueda de vivienda. Desde hace un año vive con sus dos hijos, en un piso por el que paga 650 euros al mes y al que pudo acceder “con ahorros y con mucho trabajo de buscar día y noche”. “Antes estuve en habitación, después en un refugio, luego otra habitación hasta que, el año pasado, con ahorros y mucho trabajo de buscar día y noche logramos encontrar un piso”.