El relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, condenó este lunes las ejecuciones por la junta militar birmana de cuatro prisioneros, entre ellos un político opositor y un respetado activista.
"Estas personas fueron juzgadas, declaradas culpables y sentenciadas por un tribunal militar sin derecho a apelación y, según informes, sin asistencia de un abogado, en violación del derecho internacional de los derechos humanos", denuncia Andrews en un comunicado colgado en Twitter.
El representante de la ONU insta a la comunidad internacional a actuar de manera contundente contra el régimen militar, que dio un golpe de Estado el 1 febrero de 2021, por sus "asesinatos generalizados y sistemáticos de manifestantes, ataques indiscriminados contra pueblos enteros y, ahora, la ejecución de líderes de la oposición".
La agencia de noticias de Birmania, controlada por los militares, informó este lunes de las ejecuciones en una fecha no precisada de cuatro presos, que sería la primera aplicación de la pena de muerte en más de tres décadas.
El portavoz de los uniformados, sin embargo, no respondió en la mañana del lunes a las consultas de Efe sobre las ejecuciones anunciadas. Los ejecutados incluyen al antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeyar Thaw y el activista Ko Jimmy, condenados en enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la junta.
Los otros dos reos son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de haber matado a una mujer por ser supuestamente confidente de los militares. El régimen castrense anunció a principios de junio que retomaría la aplicación de la pena capital, una medida condenada por varios países como Francia, Estados Unidos y Canadá, además de las Naciones Unidas, así como cientos de oenegés locales e internacionales.
El último ajusticiamiento en Birmania tuvo lugar en 1988, bajo la extinta junta militar que gobernó el país entre 1962 y 2011, según Amnistía Internacional.
Desde la asonada militar- según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) -, 113 personas han sido condenados a muerte en Birmania, un país que no ha revocado la pena capital, pero donde hasta ahora se permutaban estas condenas a penas de prisión tras los tradicionales indultos que las autoridades otorgan en fechas señaladas.
El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.