El Tribunal de Apelación de Rzeszów rechazó este miércoles la demanda presentada por el abogado de Pablo González en Polonia contra la decisión de prorrogar la detención del periodista por 3 meses.
"El Tribunal de Apelación no aceptó nuestra petición, lo que significa que el señor González seguirá bajo custodia", dijo a Efe Bartosz Roga'a, que representa al periodista residente en Bizkaia ante los tribunales polacos.
El 25 de mayo, el tribunal regional de Przemy>l accedió a la petición del fiscal y acordó prorrogar la detención temporal de González durante otros tres meses.
El periodista freelance fue detenido el 28 de febrero en Przemyl, donde cubría la crisis de los refugiados causada por la agresión rusa a Ucrania.
La Agencia Polaca de Seguridad Interna (ABW) acusó a González, que tiene doble nacionalidad española y rusa, de realizar actividades para la inteligencia militar rusa GRU, por lo que podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión.
La semana pasada, la esposa de González, Ohiana Goiriena, y su abogado, Gonzalo Boye, presentaron la información que tienen sobre la situación del periodista en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento Vasco.
Según el testimonio de Goiriena, las posibilidades de González de contactar con ella siguen siendo limitadas debido a que permanece bajo máxima seguridad.
Desde la detención de González, Goiriena sólo ha recibido dos cartas con dos meses de retraso y a su esposo no se le ha permitido contactar con los periodistas por teléfono.
Goiriena indicó que por el momento González sólo tiene contacto directo con su abogado polaco y el cónsul español.
Por su parte, Boye señaló durante la comparecencia en el Parlamento Vasco que el caso del periodista carece de las debidas garantías a nivel europeo y de interés por parte del Gobierno español.
La detención de González despertó la preocupación de asociaciones de derechos humanos y de periodistas.
El 16 de junio, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) instó al Gobierno español y a los organismos de la Unión Europea a actuar en defensa de los derechos de González y de la libertad de prensa.
Llamamientos similares fueron hechos también en los meses anteriores por la Federación Internacional y la Federación Europea de Periodistas y el Instituto Internacional de Prensa.