El vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta pidió ayer domingo la desconvocatoria del pleno extraordinario que tiene previsto celebrarse esta tarde y en el que se debatirá una propuesta de declaración institucional contra la amnistía al procés al considerar que es “manifiestamente ilegal”. Anunció además que no asistirá en caso de celebrarse.
En un escrito remitido a la Presidencia del CGPJ, Cuesta indicaba que no quería contribuir “a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023”.
La petición fue rechazada por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, argumentando que la Presidencia de este órgano ha atendido siempre las solicitudes de convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno que se le han cursado por diferentes vocales.
Pleno de alto voltaje
El Consejo celebra un pleno extraordinario de alto voltaje, a petición de los vocales conservadores, duramente criticados por los progresistas que ven su propuesta como una “incitación a la sublevación de las togas”.
Guilarte aceptó la propuesta de estos ocho vocales que, sin conocer aún el texto de la proposición de ley, consideran la amnistía una “medida de abolición del Estado de Derecho” que “violenta la Constitución” y convierte a la Justicia en “una quimera”.
Cuesta subrayaba en su escrito que no quiere participar de “decisiones que sin duda mancillan el nombre de este Consejo General del Poder Judicial” y recuerda que sigue en funciones diez años después de haber expirado su mandato. Calificaba de “proclama” la propuesta de declaración institucional sobre la amnistía de los ochos vocales conservadores que esperan que respalde hoy el pleno, que subraya que la amnistía no es viable dentro del marco constitucional y que es incompatible con el Estado de derecho.
A su juicio, “a modo de panfleto político”, esta declaración “se deshace en descalificaciones muy graves tales como que la declaración del presidente del Gobierno supone una degradación, cuando no abolición del Estado de derecho en España”.
Además, Álvaro Cuesta señalaba que se descalifica y ataca una eventual proposición de ley de amnistía, aún no presentada ni registrada en el Congreso, y los eventuales acuerdos políticos o decisiones parlamentarias sobre la posible investidura del presidente del Gobierno español. Incidía en su escrito este vocal del sector progresista que la resolución que se pretende aprobar es “una muy grave irresponsabilidad y podría contribuir, fomentar, promover o incitar la crispación política, social o institucional, generando alarma social, ataques a las instituciones democráticas o desórdenes públicos”.
Asimismo, cree que usurpa atribuciones de fiscalización que no le corresponden al CGPJ, interfiere “de forma grosera” en el debate de investidura y condiciona la independencia y actividad de los jueces y tribunales. Cuesta recuerda que el Consejo “no tiene competencia para emitir pronunciamientos sobre proposiciones de ley, salvo que así se lo haya pedido el Congreso”.
Solo un voto
Fuentes jurídicas ven “imposible” que esta iniciativa salga adelante. No creen que los conservadores sumen respaldo alguno y menos del presidente, que “debe guardar la posición institucional” del Consejo, como tampoco creen que la respalde el vocal Wenceslao Olea. Con todo, solo necesitan un voto para que se apruebe su propuesta, que tendría en todo caso efectos declarativos.