Una mujer acusada de malversación, por apropiarse de unos 170.000 euros en dos entidades locales menores en las que era auxiliar administrativa, ha admitido que cogió dinero público, que es ludópata y adicta a las compras, y ha sostenido que siempre pensó reponer lo que había cogido.
"Yo pensaba que iba a reponer todo el dinero que estaba cogiendo", ha mantenido Esther M.R. en la Audiencia de Valladolid, donde este viernes ha comenzado la vista oral, tras la selección del jurado popular, en la que se enfrenta a peticiones de cinco años de cárcel de la Fiscalía y ocho años de la acusación particular -el Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid)-.
Las acusaciones contra la procesada se centran en que, cuando estaba contratada para prestar servicio en las entidades locales menores de Villavieja del Cerro y Villamarciel, ambas de la demarcación del Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid), se quedó con dinero de los contribuyentes -unos 170.000 euros-.
La acusada supuestamente desvió fondos de las dos entidades apoderándose físicamente del dinero -tasas de agua y basuras- y haciendo derivación a través de recibos e ingresos a su propia cuenta bancaria.
Esther M.R. ha subrayado que no recuerda cuando empezó a quedarse con dinero, ha asegurado que en esos momentos no era consciente de lo que estaba haciendo y ha manifestado que jugaba siempre a la lotería, aunque nunca le tocó nada, como mucho cien euros.
También ha reconocido que compró ropa, bolsos y cremas con el dinero que estaba sustrayendo, así como que manifestó al interventor municipal por Watshapp que estaba arrepentida y lo sentía mucho y también que intentó suicidarse -cuando conducía un coche-.
La defensa reclama la absolución al apreciar eximente por trastorno mental por su ludopatía grave y la adicción compulsiva a las compras y, de manera alternativa, considera estas circunstancias como una atenuante muy cualificada.
Ha situado la vida de la procesada en la precariedad económica, siempre limitada por obligaciones de cuidado de familiares, y ha recalcado que, con el tiempo, fue fijando expectativas en mejorar sus circunstancia poniendo "sus sueños" en el juego.
Se trató de una "visión distorsionada de una mente enferma", ha resumido el letrado.
El ministerio público demanda en concreto una pena de cinco años de prisión e inhabilitación absoluta durante quince años, además del abono de las indemnizaciones correspondientes a las entidades afectadas, por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación.
Tras la declaración de hoy de la encausada ante la magistrada y los siete hombres y dos mujeres que forman el jurado popular, la vista continuará el próximo lunes con la declaración de testigos.